El déficit del Estado se sitúa hasta noviembre en el 6,54% del PIB por el impacto de la COVID-19

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la situación derivada de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas en los meses previos para atender la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

Déficit del Estado (noviembre)

Hasta noviembre, el déficit del Estado se sitúa en 72.322 millones de euros, lo que equivale al 6,54% del PIB. Si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario) la cifra desciende hasta el 4,70% del PIB.

Esta evolución obedece, por un lado, al descenso de los recursos un 12,8%, que modera la caída respecto al mes anterior. Por otro lado, los gastos crecen un 19,1%, hasta los 234.634 millones, correspondiendo casi el 90% del incremento registrado a gastos relacionados con la pandemia.

Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros del Estado hasta noviembre se sitúan en 162.312 millones, lo que supone una disminución del 12,8% respecto a 2020. Los ingresos correspondientes al mes de noviembre están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 83% del total- se sitúan en 134.778 millones, lo que implica una disminución del 14,2%. Por un lado, se produce un descenso del 12,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA cae un 14%, hasta los 57.429 millones. Este comportamiento recoge el impacto de las medidas adoptadas como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19 así como la aplicación del tipo reducido del 4% a las mascarillas quirúrgicas desechables.

Los ingresos hasta noviembre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ascienden a 1.100 millones. Asimismo, los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecen un 23,4%, hasta alcanzar los 1.165 millones

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 16,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 15,9%, fundamentalmente por el descenso de los pagos fraccionados que se reduce hasta noviembre un 31,3%. Por su parte, el IRPF desciende un 16,8% como consecuencia, además del efecto de la pandemia, a las mayores entregas a cuenta y al mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2019 respecto al ejercicio anterior, así como a los menores dividendos repartidos.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 36,9% así como los intereses, que disminuyen un 13,4%.

Empleos no financieros del Estado

Hasta noviembre los empleos no financieros han alcanzado los 234.634 millones, cifra superior en un 19,1% a la registrada en el mismo periodo de 2020. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a la Seguridad Social y a las CCAA.

En concreto, 18.003 millones corresponden a la transferencia realizada al Sistema de Seguridad Social para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas, 2.300 millones a la transferencia al presupuesto de SEPE para financiar prestaciones contributivas y cuotas de subsidios desempleo y 11.000 millones a los tres primeros tramos del Fondo COVID-19 (en total los cuatro tramos serán 16.000 millones) distribuido a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales para financiar costes sanitarios y gastos educativos.

Los consumos intermedios se incrementan en un 8,6%, crecimiento en el que inciden los 774 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 2,1% debido a la subida salarial del 2% así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 5,8%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 45,7%, aumento que se explica principalmente por la operación antes mencionada de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). Esta rúbrica incluye asimismo un gasto de 122 millones relacionado con la compra de material sanitario para combatir la pandemia.

Al igual que en meses previos, estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11,0% de los intereses, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 6%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social (octubre)

Hasta octubre de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 78.952 millones, lo que equivale al 7,14% del PIB.

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 5,27% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 6 millones hasta octubre.

• El déficit del Estado en octubre equivale al 5,21% del PIB, lo que supone 57.619 millones.
• Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 628 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,06% del PIB.

Comunidades autónomas

La Administración regional ha registrado un superávit de 1.084 millones, lo que supone el 0,10% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, ya registrada en los meses previos, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos necesarios a las CCAA para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la COVID-19.

Los ingresos crecen hasta octubre un 8,2%. En esta evolución cabe destacar el aumento de los recursos impositivos un 7,3%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 17,6% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP por los mayores recursos recibidos del Estado.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 21,6%, en línea con la caída registrada en el ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,2%, los consumos intermedios crecen un 8,9%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 5,4% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID-19 hasta octubre. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,4%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 13,9% y las prestaciones sociales un 5,2%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 0,9%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 16,3% y en un 2,9%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta octubre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 CCAA, logran situarse en superávit.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza 6.117 millones en gasto socio-sanitario, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,97% del PIB, cifra en la que impactan con fuerza los efectos sanitarios y económicos ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta octubre, los recursos se han incrementado un 11,3%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 21,8%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 25.926 millones, lo que representa el 2,35 % del PIB.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 7.448 millones, un 0,67% del PIB. Esta cifra recoge el impacto de la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentan en 1.165 millones.

Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 130.193 millones, un 8,4% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19. En cuanto al gasto en subvenciones del Sistema, este asciende a 6.410 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 14.260 millones hasta octubre. Las cotizaciones sociales descienden un 1,3%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta octubre en 31.207 millones.

Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de octubre de más de 13.554 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 56,3% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.843 millones, un 45,1% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra hasta octubre un resultado negativo de 81 millones.

Déficit conjunto de las Administraciones Públicas (tercer trimestre)

La Administración Local hasta el tercer trimestre de 2020 presenta un superávit de 444 millones, equivalentes al 0,04 % del PIB.

Esta evolución se debe a un descenso de los ingresos del 5,3%, destacando los impuestos, que caen en un 9,6%, efecto que se compensa parcialmente con los gastos que disminuyen un 2,2%. De la evolución por trimestres, mencionar que el gasto creció en los dos primeros trimestres del año, un 1,2% en el primer trimestre y un 1,7% en el segundo trimestre, mientras que en el tercer trimestre ha descendido un 9,8% debido a las menores transferencias corrientes realizadas a la Administración regional, que disminuyen un 23,4%

Con estos resultados de la Administración Local, el déficit de Sector Administraciones Públicas se sitúa en el tercer trimestre del año, en el 6,78 % del PIB.