El Supremo da la razón a la Ribera y anula la permuta de agua con los regantes
El intercambio de aguas con los regantes al que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) obligó a los municipios de la Ribera para que estos últimos pudieran abastecerse de agua libre de nitratos y pesticidas, es nulo.
Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo en respuesta al recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 595/2014 del Gobierno por el que se aprobaba el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, interpuesto en su momento por los municipios de Albalat de la Ribera, Benicull, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Polinyà de Xúquer, Riola y Sueca.
Aquel plan dejaba inicialmente a la comarca sin asignación de recursos hídricos superficiales del río para el abastecimiento humano —situación que se modificaría posteriormente con una concesión de 10hm3/ al año— ya que únicamente abría la puerta a la posibilidad de intercambiar agua con las comunidades de regantes.
El fallo, que anula el artículo 28.b - d, es «histórico», según las localidades impulsoras, ya supone todo un «triunfo» para aquellos consistorios que defendieron desde un principio que la Ribera tenía derecho a recibir una asignación de agua del Júcar sin necesidad de intercambiarla con los regantes.
Una permuta que no ha salido gratis, ya que ha tenido un coste elevado para las arcas públicas a razón de 7 céntimos por metro cúbico y ha obligado a subir el recibo del agua en los municipios miembros de la Comunidad de Usuarios de la Ribera.
Reclamaciones
Pero no sólo eso. El Supremo consagra por primera vez en el ordenamiento jurídico español el principio de que 'Quien contamina paga', un mandato que ya prevé la propia legislación europea y que ahora también sienta un precedente y abre la puerta a que las poblaciones de la comarca puedan reclamar a la Administración Hidrológica, en este caso la CHJ, la devolución de las tasas por intercambio de recursos a las que han tenido que hacer frente.
Al respecto, el Supremo considera probado que no han sido los municipios los responsables de la contaminación y certifica que ésta tiene su origen en la actividad agrícola y ganadera. Para ello se basa en el propio informe encargado por la Administración Hidrológica a la Universitat Politécnica de València, el cual apunta que la causa del mal estado de las aguas de la Ribera no es otra que la actividad agrícola y ganadera y, por tanto, no es de origen desconocido.
En consecuencia, se refuerzan los argumentos de los municipios ribereños que, además de pedir la asignación directa, han defendido el derecho a no pagar los costes de las infraestructuras de potabilización por cuanto el control de los productos fitosanitarios (pesticidas y herbicidas) es competencia de la Generalitat.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar a conocer el fallo junto con alcaldes y concejales de las trece poblaciones que finalmente se sumaron a las acciones judiciales frente a la CHJ, ha valorado que la sentencia sienta un precedente ya que marcará con seguridad una nueva tendencia en todos los planes hidrológicos futuros que se diseñen en nuestro país.
Mayor ha adelantado que los municipios ribereños van a iniciar los procesos necesarios para reclamar a la Confederación los costes del Plan de Cuenca que han sido repercutidos sobre los usuarios de la comarca.
Por otra parte, ha asegurado que por lo que respecta a los costes de la potabilizadora —25'5 millones de euros a amortizar en 40 años más un interés del 4 %—, ahora la Generalitat ya cuenta con un principio jurídico al que atenerse para que en la próxima ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos se exima a la Ribera de asumir los costes de la tasa de amortización de las obras de la potabilizadora.
En este último caso, el primer edil cullerense considera que las negociaciones serán más fáciles dado que los partidos políticos gobernantes —PSPV-PSOE y Compromís— ya han mostrado su predisposición a atender esta reivindicación comarcal. «Sólo necesitaban un principio jurídico al que acogerse y ya lo tienen», ha sentenciado Mayor.
La satisfacción entre los responsables políticos ribereños ha quedado patente en su comparecencia ante los medios en la sede de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. En la misma, el alcalde de Polinyà de Xúquer, Óscar Navarro, ha ofrecido los antecedentes de esta larga batalla judicial mientras que el primer edil de Corbera, Jordi Vicedo, ha explicado el fallo.
Otro de los factores que se ha puesto de relieve es el hecho de que estas pequeñas localidades de la comarca hayan conseguido un triunfo judicial de tanta trascendencia. Mayor ha dicho que esta victoria, por encima de ideologías, es de los municipios pequeños. Por su parte, la alcaldesa de Benicull, Amparo Giner, ha concluido expresando que «tras mucho tiempo de impotencia, por fin sentimos que nuestro trabajo de años da sus frutos».
