CSI•F estudia medidas de presión “en defensa del bienestar”
Las medidas y su opacidad generan preocupación en los centros de Castellón
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios valorará diferentes medidas de presión, junto al resto de organizaciones representativas de la Sanidad y la Educación, para defender el sistema de bienestar, ante las reformas y los recortes planteados por el Gobierno y las comunidades autónomas. Estas actuaciones se concretarán los próximos días, partiendo de la base de una “firme defensa de los principios que sustentan nuestro sistema del bienestar, la calidad asistencial sanitaria y educativa, el sistema público de protección y las condiciones laborales de los trabajadores”.
Respecto a las medidas adoptadas ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, CSI-F “juzgamos como positiva la prohibición del turismo sanitario o la central de compras, por su incidencia en el control del gasto”. No obstante, cuestiona otras como el nuevo sistema de copago y “rechaza de manera rotunda que el Gobierno y la Generalitat hagan recaer una vez más sobre los ciudadanos y previsiblemente, sobre los profesionales sanitarios la mayor parte del peso del ajuste económico”.
Según indica el responsable del Sanidad de CSI·F Castellón, Giorgio Atella, en Catellón con estas noticias “crece la incertidumbre entre los trabajadores por los rumores circulantes referentes a posibles privatizaciónes de hospitales”. Y en este sentido reclama a la administración más transparencia a la hora de organizar y gestionar sus recursos cuando estos cambios puedan afectar directamente las condiciones de trabajo de su personal.
En cuanto al nuevo sistema de copago, el sindicato advierte que podría generar situaciones de exclusión social en algunos colectivos. CSI-F cree que estos recortes se producen por la falta de previsión, el derroche y una política irresponsable de los encargados de gestionar las cuentas públicas.
Por último, CSI-F ve inaceptable que el Gobierno plantee medidas sobre personal y reordenación de recursos humanos sin informar previamente a los representantes legítimos de los trabajadores. Así, recalca que todas las medidas deben de ser objeto de negociación con los sindicatos y reclama al Gobierno una negociación para planificar una gestión profesional del Sistema Nacional de Salud.