CSI•F alerta de que la reforma del Código Penal obligará a revisar 20.000 expedientes en la Comunidad Valenciana
El sindicato exige que la administración refuerce la plantilla para evitar el colapso cuando entre en vigor la nueva norma el 23 de diciembre
La Central Sindical ha denunciado en diversas ocasiones el aumento de trabajo que vienen soportando los Juzgados de lo Penal. En este sentido, CSI•F subraya que esto no es sólo motivado por el módulo de entrada en señalamientos de trámite sino también por la ejecución de juicios rápidos y por la ampliación de los tipos penales constitutivos de delito. Tendrá especial incidencia la reforma del Código Penal en materia de tráfico, ya que provocará un notable incremento de asuntos que hasta ahora eran cuestiones administrativas.
Con la reforma del Código Penal, los empleados públicos se verán obligados a sacar de los archivos los expedientes, clasificarlos y revisarlos; deberán incrementar el correo y las notificaciones personales a los afectados; remitir informáticamente las notas de condena, consultar antecedentes… A esto hay que unirles la ausencia de formación de los funcionarios sobre las nuevas penas previstas para delitos y la falta de actualización del sistema operativo y de registro.
Además, como la nueva legislación tiene efectos retroactivos en los casos en que resulte favorable para el condenado, los juzgados tendrán que revisar sentencias, sobre todo en delitos contra la propiedad intelectual como los top manta (que sólo serán delito cuando superen los 400 euros), alcoholemias (donde multa y trabajos en beneficio de la comunidad no se acumularán, sino que serán alternativos) o tráfico de drogas (desciende la pena para condenas con agravante de notoria importancia, que quedan en un máximo de seis años)
El sindicato CSI•F puntualiza además que, a día de hoy, desde que se produce el reparto del asunto hasta que se dicta sentencia transcurren una media de 10 a 12 meses, lo que supone un tiempo de espera “excesivo”, sobre todo en casos de delitos de violencia de género. Esto, para la Central Sindical, da una idea de la sobrecarga de trabajo que los empleados públicos soportan en los Juzgados de lo Penal.
Por ello, y dada la revisión de casos a la que obliga la entrada en vigor del nuevo Código, CSI•F exige “de manera urgente” un plan de actuación que incluya el refuerzo en las plantillas de cada uno de los órganos afectados con el objeto de evitar la saturación en las dependencias judiciales.
