La crisis de la COVID-19 golpea a los más vulnerables

Las consecuencias del estado de alarma derivado de la COVID-19 y la incierta “nueva normalidad” están desatando una emergencia sociolaboral sin precedentes. La economía española, en el umbral de la recesión, dispara la incertidumbre y deja en situación de extrema vulnerabilidad a las personas que tradicionalmente han encontrado más dificultades de acceso al mercado laboral: con discapacidad, mayores de 55 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión social).

“Si no se acometen medidas urgentes, se desatará una hecatombe laboral que cronificará la exclusión social de los más vulnerables. El desplome del turismo anticipa un impacto de dimensiones desconocidas sobre el empleo, siendo un sector transversal que arrastra en su caída a otras áreas estratégicas como la hostelería, el transporte o el ocio, y que deja en una situación crítica a las personas que ya se encontraban en riesgo de exclusión antes de la pandemia. Frenar la destrucción de empleos y generar nuevas oportunidades laborales para ellos es la única llave para evitar la expansión de la pobreza y amortiguar los efectos de la crisis en el marco de la Agenda 2030”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Asimismo, “resulta fundamental despejar el futuro de los ERTEs a través de medidas adaptadas a cada sector, evitando que culminen en despido y que originen, a su vez, nuevas bolsas de pobreza y exclusión en España”- señala el directivo.

El VIII Informe sobre exclusión social presentado por la Fundación Foessa el pasado año cifraba en 6 millones las personas en condiciones de vulnerabilidad que podrían dar el paso definitivo a la exclusión social, en caso de producirse un empeoramiento de la economía.  Y aunque las dimensiones de la oleada de pobreza que se viene son aún difíciles de calcular, parece que este fatal pronóstico podría cumplirse. En otras palabras, esos 6 millones de personas podrían sumarse a los 8,5 millones ciudadanos en situación de exclusión que ya se contabilizaban en la era pre COVID-19. Con todo ello, el número de residentes en España en situación de exclusión social se elevaría a los 14,5 millones o, lo que es lo mismo, alcanzaría al 31% de la población, frente al 18,4% actual.

Las personas con discapacidad, en el centro de la vulnerabilidad

Cae su contratación un 34,7%

Las personas con discapacidad son una de las fichas más vulnerables en el tablero del empleo y así lo avalan los principales indicadores laborales.

Queda patente la situación de desigualdad de la que parten las personas con discapacidad, que se ve agravada ante coyunturas difíciles como la que hoy atravesamos. No en vano, las consecuencias del coronavirus no se han hecho esperar y en el primer semestre del año se ha producido el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde el año 2012: entre enero y junio han firmado 38.176 contratos, un 34,7% menos que en el mismo periodo de 2019. Esta caída es, además, superior a la registrada en la contratación de la población a nivel general, que ha sido del 33,6%.

“Nos preocupa que la pandemia marque un punto de inflexión y se perpetúe esta tendencia negativa, produciéndose un retroceso en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social y laboral que las personas con discapacidad habían ido alcanzando durante los últimos años. Ahora es el momento de ser consecuentes con la Agenda 2030 y no dejarles atrás en la superación de esta crisis, siendo el empleo la única alternativa”- destaca Mesonero.