El archivo municipal presenta el “Expediente de Nombramiento de Guarda Particular Jurado” como documento del primer mes del año

El 10 de noviembre de 1849, bajo el reinado de Isabel II, la gaceta de Madrid (actual BOE) publica el Reglamento para los guardas municipales y particulares de campo de todos los pueblos de reino.

Este documento distingue entre los guardas municipales, que dependían del ayuntamiento, y los particulares, que dependían de los dueños de fincas donde eran contratados para prestar sus servicios, si bien ambos eran nombrados por el alcalde, tras comprobar que cumplían los requisitos y exigirles una fianza.

En un primer momento, estos guardas tenían como misión vigilar cotos, villas, fincas, parques y pequeñas áreas rurales privadas. Los guardas jurados de campo estaban primeramente bajo la dirección e inspección de los alcaldes, a quienes debían presentar informes. Cada municipio establecía su uniformidad, si bien todos debían llevar una bandolera de cuero ancha, en la que se clavaba la placa de guarda de campo y el nombre del municipio.

Bajo el reinado de Alfonso XII, se modifica la regulación de estos guardas y en el nuevo Reglamento de la Guardia Civil (Real Orden del Ministerio de Fomento, de Guardería Rural de 9 de Agosto de 1.876), se le añaden las funciones de Guardería Rural y los guardas de campo pasan a llamarse guardas jurados, quedando bajo la dirección de la Guardia Civil. El guarda jurado usaba una carabina ligera y desde 1.876 se le añade una bayoneta y los de a caballo portaban, además, el sable de la caballería ligera.

Desde su fundación por Real Decreto, hasta comienzos del franquismo, el guarda jurado permaneció con la única misión de vigilar zonas rurales, en su más amplio sentido. No sólo protegía los bienes de quienes le contrataban (incluyendo fincas, granjas, casas rurales, ermitas, yacimientos arqueológicos, bombas de agua, lindes, sistemas de riego, casetas de campo o aperos agrícolas), sino que era frecuente que forajidos huidos cayeran en sus manos.

En 1923, hace justo cien años, el Ayuntamiento de Crevillent eligió como guardia particular jurado a Francisco Puig Quesada, nombramiento acompañado por un certificado del cura-párroco de Nuestra Señora de Belén, D. Pascual Martínez, en el que confirma que la persona propuesta “parece persona honrada y goza de buena fama y opinión.” Resulta muy interesante que el título incluya las características físicas, en este caso de Francisco, de 48 años de edad, de oficio pastor, pelo negro, ojos castaños, cara redonda, barba cerrada, color trigueño y 1,62 metros de estatura.

El nombramiento incluye las fincas asignadas a su vigilancia, denominadas Sierra Baja, además de Los Saladares, a saber, el actual Parque Natural del Hondo. En octubre de 1923, el Ingeniero Jefe del distrito forestal, inspeccionó y delimitó los linderos de estos terrenos, acompañado en la correspondiente inspección por los guardas Francisco Puig y José Pérez, un trabajo que les supuso el salario de 5 pesetas a cada uno, según consta en el correspondiente recibo que dice así:

“Francisco Puig Quesada y José Pérez Espinosa, por orden del Sr. Alcalde, Don Manuel Villalba, asistieron el día 28 de septiembre próximo pasado, como prácticos para acompañar al Sr. Ingeniero Jefe del Distrito forestal, para efectuar un reconocimiento en los Saladares de esta villa, y nos resta abonar este municipio cinco pesetas por cada uno, por nuestro jornal.

Crevillente, 15 de octubre de 1923.

Son 10 pesetas.

José Pérez. (Firma). Francisco Puig. (Firma).”