Cotino exige al Gobierno central una legislación básica para mejorar la defensa de los derechos de menores con trastornos de conducta

El Vicepresidente social, Juan Cotino, ha exigido al Gobierno central una legislación básica que mejore la defensa de los derechos de los menores con trastornos de conducta, así como de los educadores que trabajan con ellos y permita que se equipare el sistema de atención en toda España.

Cotino ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Política Social y Empleo de les Corts, para informar acerca de la situación de los centros de menores Baix Maestrat y L’Omet, citados en el informe del Defensor del Pueblo sobre Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en Situación de Dificultad Social.

Durante su intervención, el Vicepresidente ha denunciado un abandono del Gobierno central en materia de menores con trastornos de conducta, puesto que no dispone actualmente de una normativa general de aplicación básica para toda España.

En este sentido, Cotino ha señalado que él personalmente explicó a la anterior Ministra, Mercedes Cabrera, la realidad de los centros en la Comunitat Valenciana y le planteó la conveniencia de elaborar una normativa estatal sobre menores con estos problemas. A este respecto, Cabrera anunció en rueda de prensa, su intención  de celebrar una reunión para abordar este aspecto.

Asimismo, en Conferencia Sectorial, Cabrera se comprometió a elaborar un informe para tratarlo con las Comunidades Autónomas con el fin de redactar e implantar esta normativa estatal, “pero a fecha de hoy todavía no se sabe nada sobre este informe”, ha asegurado Cotino.

Informes favorables de Inspección y el Ministerio Fiscal

En el transcurso de su intervención, el Vicepresidente ha asegurado que tanto los informes emitidos por el Servicio de Inspección de la Conselleria como los del Ministerio Fiscal no han detectado ninguna anomalía en el funcionamiento de los centros.

Además, los Fiscales Coordinadores de Menores de Alicante y Castellón han emitido sus informes acerca de los dos centros de menores cuestionados, concluyendo que no se ha observado situación alguna de vulneración de derechos o maltrato de menores, así como que las instalaciones cumplen perfectamente las necesidades de estancias de los menores.

Asimismo, el Vicepresidente ha asegurado que ambos centros cuentan con el personal adecuado a la tipología de los menores a los que atienden y disponen de profesionales educadores, psicológicos y sanitarios, así como de un servicio de vigilancia que sólo actúa a instancia de la dirección o del personal educativo.

El Vicepresidente ha recordado que se trata de centros que precisan de un control y seguimiento de atención terapéutica específica por los problemas de conducta o psiquiátricos de sus usuarios.

Del mismo modo, Cotino ha destacado que todos los centros de la Generalitat disponen de Proyecto Educativo, de Normas de Funcionamiento y Convivencia, y de una Programación anual. Además cada menor dispone de un Plan Individualizado de Intervención, que está protocolizado por la dirección general de Familia y Menor.

Asimismo, la Conselleria reguló mediante la Orden de 17 de enero de 2008, el régimen de medidas educativas, que regula en su Título VII la organización y convivencia en los centros de menores.

La aplicación de toda esta normativa ha podido ser comprobada por las fiscalías de menores de las tres provincias, ya que realizan continuamente su labor supervisora sin necesidad de previo aviso, y no han trasladado denuncia alguna a la conselleria de Bienestar Social.

Durante la comparecencia, Cotino ha explicado todas las acciones que la Conselleria de Bienestar Social realizó tras conocer el contenido del mencionado informe.

Entre las medidas adoptadas por Bienestar Social, destaca la apertura inmediata de un expediente administrativo, las inspecciones de los centros, así como la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico para el estudio de la normativa específica, la regulación de los requisitos, condiciones y documentos exigibles a los establecimientos de menores de la Comunitat Valenciana.

Cabe destacar que actualmente la Comunitat Valenciana cuenta con 147 centros de protección de menores que disponen de 2.223 plazas, a las que se destina anualmente 40 millones de euros para su sostenimiento.