Cooperación incidirá en programas de educación y sensibilización dentro del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista
Pérez Garijo se ha reunido con el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez
La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha destacado que desde la Conselleria, "podemos implementar actuaciones, además de apoyar el contenido y el éxito de este plan de carácter trasversal y dinámico, que afectan a todas las áreas de gestión".
Así se ha pronunciado tras la reunión con el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez, encuentro en el se ha analizado el estado de situación de las líneas estratégicas en las que interviene directamente la conselleria en el marco del "Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista".
También han asistido el secretario autonómico de Participación y Transparencia, Ignacio Blanco, y la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Belén Cardona.
En este sentido, Pérez Garijo ha resaltado la necesidad de seguir incidiendo en áreas como la educación y la sensibilización de los más pequeños, a través del programa de Educación para la Ciudadanía Global de la Dirección General de Cooperación, "con el objetivo de prevenir y concienciar en relación a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en terceros países".
Asimismo, la consellera también ha hablado de cómo a través del cumplimiento de los principios de responsabilidad social se puede contribuir a la erradicación de la feminización de la pobreza y garantizar un trabajo digno para las mujeres.
El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista incluye en la agenda pública valenciana la lucha colectiva contra las violencias machistas y por la igualdad de género. Se estructura en cinco ejes, 21 objetivos y 293 medidas concretas que tienen el objetivo de transformar la sociedad y erradicar las violencias contra las mujeres.
La pasada semana, Castelló acogió el segundo aniversario del pacto firmado en septiembre de 2017 por 63 representantes de entidades sociales y cívicas, administraciones públicas, instituciones judiciales y universitarias, cuerpos de seguridad, partidos políticos, agentes económicos y sindicatos, entre otros.