La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas garantiza el derecho de las familias de acogida a percibir ayudas y eleva las cuantías para 2016
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas garantizará por ley el derecho de las familias de acogida a percibir una prestación económica para hacer frente a los gastos de mantenimiento de los menores acogidos y ha incrementado además en los Presupuestos para 2016 las ayudas por acogimiento familiar en sus diferentes modalidades, de forma que la cuantía se aproxime a los costes reales de la atención.
Estos Presupuestos, que aún deben pasar el trámite parlamentario, prevén acabar también con la discriminación económica entre familias educadoras y familias extensas, ya que los módulos pasarán de 9 a 12 euros diarios para cada menor en el primer caso y de 4,5 a 12 euros diarios en el segundo. También se incrementan las prestaciones económicas por acogimiento familiar de menores con algún grado de discapacidad igual o superior al 33%, ya que pasan de 10,5 a 13,5 euros diarios.
De este modo, se destinan en conjunto para las prestaciones de acogimiento familiar 12,47 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar la cantidad anteriormente establecida. En concreto, aumenta en 1,04 millones la partida destinada a familias educadoras y en 5,32 millones la correspondiente a familias extensas.
La colaboración de la familia extensa y de familias educadoras en situaciones de desprotección de menores es fundamental para que estos sigan viviendo en un ambiente familiar, a ser posible, con sus propios parientes, algo que evita su desarraigo y alejamiento de sus entornos de proximidad. En la actualidad hay más de 2.000 menores atendidos en familias extensas y 582 en familias educadoras.
Los módulos de las ayudas económicas con los que colaboraba la Administración en los gastos que genera un menor en un hogar estaban fijados en 4,5 euros al día en familia extensa (se había reducido la cuantía en los últimos años) y en 9 euros en familia educadora.
El aumento establecido para 2016 supone incentivar el recurso del acogimiento familiar y también dignificar la colaboración con las familias y reconocer su trabajo y apoyarlo.
Además, se igualan las cuantías entre familias extensas y educadoras, puesto que no hay ningún motivo para mantener esta diferencia, dado que el objeto de la ayuda es el mismo. Es más, incluso la situación de los parientes del menor suele ser más deficitaria socio-económicamente y con mayor riesgo de precariedad.
Con este aumento, se alcanza una cantidad mensual que puede aproximarse tanto a los gastos medios familiares por la atención de un hijo, como a los gastos de manutención que generan los menores en centros residenciales.
Derecho garantizado por ley
El derecho de las familias de acogida a percibir una prestación económica para hacer frente a los gastos de mantenimiento de los menores acogidos se ha garantizado mediante una modificación de la ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana realizada a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2016.
Hasta ahora, la Generalitat venía otorgando regularmente prestaciones con este fin, pero la legislación autonómica las consideraba meramente potestativas, por lo que su continuidad no estaba asegurada y dependía de que las ayudas se convocaran cada año.
Además, su concesión debía hacerse por concurrencia competitiva, de manera que, en caso de no ser suficiente el presupuesto disponible, se valoraban las solicitudes conforme a criterios como la puntuación obtenida en la última convocatoria y fecha de presentación de la solicitud y se concedía a las que tuvieran preferencia.
Con el cambio introducido en la ley de Protección Integral de la Infancia, la prestación se concederá de forma directa a todos las personas que reúnan los requisitos previstos en la ley, que son acoger a un menor que se encuentre bajo la guarda o la tutela de Generalitat y que el acogimiento esté constituido legalmente y no tenga carácter preadoptivo.
La modificación simplificará, además, la tramitación de estas prestaciones, ya que su solicitud no estará sujeta a un plazo de presentación determinado.
Al tratarse de un derecho, la Ley de presupuestos considerará de reconocimiento preceptivo los créditos que han de financiar estas prestaciones, de manera que si la cantidad consignada fuera insuficiente se generarán nuevos créditos para atender todas las solicitudes. Además, será la propia ley de Presupuestos la que fije las cuantías o los módulos para la determinación del importe de las prestaciones, lo que supone un avance en cuanto a transparencia.
