El Consell ratifica el contenido del Estudio sobre la Autonomía Financiera de la Comunitat Valenciana

El Consell ha sido informado del contenido del estudio "Sobre el ejercicio de la Autonomía Financiera de la Comunitat Valenciana mediante el desarrollo de su propio sistema tributario e impuestos cedidos", que ha elaborado la nueva Comisión para la Reforma Tributaria nombrada por el Consell en julio de 2020.

En concreto, el dictamen de los expertos se divide en tres partes diferenciadas entre las que destacan las medidas que puede impulsar la propia Generalitat, propuestas a desarrollar por parte del Gobierno de España en relación a la regulación de los tributos cedidos, así como un conjunto de actuaciones vin-culadas a tributos propios "extrafiscales" para garantizar la suficiencia finan-ciera de la Generalitat.

En este sentido, en relación con las propuestas a adoptar por la Comunitat Valenciana en materia de tributos cedidos, el informe respalda en su integri-dad el diseño actual del Impuesto de Patrimonio en la parte correspondiente al Consell e introduce una propuesta de reordenación de la bonificación sobre la cuota en adquisiciones mortis causa del Impuesto de Sucesiones y Donacio-nes.

En concreto, los expertos proponen generalizar el porcentaje de bonificación del 75%, que se aplicaría tanto a familiares del Grupo I y II, como a personas con discapacidad, si bien con el límite máximo fijado en 100.000 euros. Se trata de una alternativa que el informe califica de sencilla de aplicar al incluir un porcentaje de deducción constante y homogeneizado y que garantiza que todos los contribuyentes que se aplicaban la actual bonificación se la sigan aplicando, aunque con desigual efecto.

Así, de las cerca de 10.000 personas que en 2017 (año de referencia) tuvieron acceso a las deducciones, 9.586 obtendrían ahora mayor deducción y sólo los 213 que más herencias reciben -de los que tuvieron acceso a deducciones- obtendrían menores beneficios.

Igualmente, en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-tos Jurídicos Documentados, propone tipos de gravamen más reducidos para algunos casos concretos como Transmisiones o arrendamientos de bienes si-tuados en municipios en riesgo de despoblación; o, como alternativa, mante-ner los mismos tipos pero con mayores bonificaciones. Así mismo, en cuanto a los documentos notariales propone una bonificación del 100% para la do-cumentación de escrituras de declaración de obra nueva en dichos territorios despoblados.

Finalmente se plantea una reforma de las tarifas autonómicas sobre el IRPF con dos opciones distintas en las que en ambos casos se mejora todavía más en la progresividad y efecto redistributivo, manteniéndose la recaudación prácticamente constante. En ambas, se propone una bajada de tipos para ren-tas bajas y medias, un incremento de los tipos para las rentas altas, mante-niéndose constantes tanto los 10 tramos como el tipo máximo en el 29,50%.

Además, respalda mantener las deducciones actuales que atienden a circuns-tancias personales y familiares que supongan un valor añadido a las que ya se tienen en cuenta para cuantificar el mínimo personal y familiar, así como mantener las establecidas por donativos y donaciones. Por último, propone incrementar el mínimo personal para los residentes en municipios despobla-dos.

Medidas a adoptar por el Estado

En cuanto a las medidas a adoptar por el Estado a propuesta de la Generalitat, los expertos piden primar la progresividad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la introducción de un mínimo exento de forma que los patri-monios mínimos quedarían excluidos de su pago y la fijación estatal de lími-tes mínimos y máximos dentro de los cuales las CCAA pudieran ejercer su poder tributario, de forma que se reduciría la competencia entre territorios y el fraude fiscal motivado por deslocalizaciones.

También en materia del ISD, proponen una reducción de la excesiva carga tributaria en el ámbito de los tributos locales con una reordenación de la fis-calidad en casos concretos para que se respeten los principios de justicia tri-butaria sin incurrir en confiscación alguna; y también fórmulas más amplias de aplazamiento o fraccionamiento del pago para evitar que se renuncie a un número tan elevado de herencias por no poder hacer frente al pago puntual de las mismas.

Con respecto al Impuesto de Patrimonio, se solicita al Estado una armoniza-ción y limitación de determinadas potestades normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones y bonificaciones de la cuota de este impuesto, limitándolo a circunstancias personales de discapacidad, sin que en ningún caso puedan suponer una reducción de la cuota superior al 50%.

Además, se propone reforzar la normativa anti-abuso relativa a las deslocali-zaciones y la efectividad del intercambio de información entre las Adminis-traciones autonómicas y de éstas con el Estado en materia de deslocalizacio-nes, la situación de bienes en el extranjero, la aplicación del "impuesto sali-da" previsto en la Ley de IRPF, así como sobre tenencia de participaciones en sociedades y entidades no cotizadas y sobre los emisores y titulares de cripto activos.
Al igual que en el ISD, se propone extender la aplicación de la normativa au-tonómica a los no residentes en España y, además, se considera "pertinente" mantener el límite conjunto de las cuotas del IRPF y Patrimonio en el 60% de las bases imponibles de este impuesto.

En materia de IRPF, el dictamen propone al Estado seguir la estela de la Co-munitat Valenciana e introducir deducciones fiscales para fomentar la repo-blación de zonas despobladas en el tramo estatal con el fin de compensar la desigualdad con que son tratados fiscalmente, puesto que a pesar de la insufi-ciencia de servicios públicos de los que disponen, son llamados a contribuir en términos idénticos a cualquier otro ciudadano.

Por último, la Comisión de Expertos Fiscales propone al Estado en el Impues-to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (IT-PAJD), un mecanismo de conexión rápida entre la Agencia Tributaria y el Ca-tastro para evitar dilaciones, al establecerse los valores de este último como método de comprobación de valores en la compraventa de bienes inmuebles y establecer exenciones o reducciones para la adquisición de vivienda habitual o implantación de una actividad económica en municipios con riesgo de despo-blación.

Además, propone que se estudie declarar exentas todas las operaciones cuyo importe sea inferior a una determinada cifra para evitar el coste de control de infinidad de operaciones cuyo importe es muy reducido, así como la obliga-ción de información a las plataformas de ventas directas online para que pue-dan estar sujetas a control.

Tributos propios extrafiscales

En relación a los tributos propios extrafiscales de la Comunitat Valenciana, piden a las administraciones públicas "mayor compromiso con la lucha contra el cambio climático, cooperando con el Fondo para la Transición Ecológica que permita financiar las políticas de transición con impuestos, por ejemplo, sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecá-nica, o sobre la emisión de gases de efecto invernadero por actividades y grandes establecimientos comerciales, entre otros.

En cuanto a la imposición sobre viviendas vacías o desocupadas, establece que podrían haber sido las Entidades Locales las que incorporaran en base a sus competencias recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, a pesar de que dicho impuesto ya está establecido en la Comunitat y, finalmente, abre la posibilidad de establecer un posible impuesto valenciano sobre bebidas con azúcares añadidos que viniese acompañado de otras políticas de salud pública para reducir la obesidad.