El Consell lamenta que el Gobierno excluya a rumanos y búlgaros en las ayudas para la inmigración
La Comunitat es la segunda región con más población de estas nacionalidades
La cuantía para la Comunitat del Fondo de Acogida, recortado al 50%, disminuirá aún más
Casi el 20% de la población inmigrante en la región valenciana es rumana y búlgara (173.473)
El conseller Blasco ha hecho estas declaraciones en relación a la noticia de que el año próximo ni rumanos ni búlgaros estarán incluidos en la financiación del Fondo de Acogida e Integración con lo que las regiones españolas con mayor número de personas de dichas nacionalidades verán reducidas las cuantías de las ayudas.
La decisión de excluir a la población rumana y búlgara afectará a la distribución del Fondo de Acogida e Integración. Un Fondo que ya el Gobierno ha reducido al 50% en los Presupuestos Generales del Estado pero que con estos nuevos criterios el “recorte” podría elevarse hasta el 60%.
En 2009, la cuantía que ha recibido la Comunitat del Fondo de Acogida e Integración ha sido de 22 millones de euros. Con el 50% de recorte, si la distribución fuese la misma, se quedaría en apenas 11.5 millones de euros. De hecho, podría reducirse incluso más.
Es el caso de la Comunitat Valenciana que con 173.473 rumanos y búlgaros es la segunda con más vecinos de estas nacionalidades únicamente por detrás de Madrid. Es decir, estas dos nacionalidades suponen casi el 20% de la población inmigrante residente en tierras valencianas (882.870).
La población rumana y búlgara, ya en la Unión Europea, son uno de los colectivos más afectados por la crisis económica.
Más carga de trabajo para las Comunidades Autónomas
Entre las nuevas obligaciones que acarrea el nuevo texto de la Ley de Extranjería está el aumento de la burocracia al tener que elaborar informes sobre la integración de las personas inmigrantes que quieran renovar su permiso de residencia, nacionalidad o arraigo.
En el caso concreto de la Comunitat, podría traducirse en la elaboración de más de 100.000 informes al año. Según el nuevo texto de la Ley de Extranjería, la concesión o renovación de estos informes deberá ir acompañado de un informe de la comunidad autónoma donde quede acreditada la integración de la persona inmigrante. La redacción de la norma incluye obligaciones hasta ahora desconocidas para las autonomías que sin partida estatal asignada al efecto deberán emitir certificados previos durante los futuros procesos de renovación de residencia temporal, solicitud de nacionalidad o ampliación del permiso de trabajo.
“La nueva situación nos lleva a un enorme incremento de nuestras funciones pero sin ir acompañado de un aumento de las financiación para el sostenimiento de la actividad burocrática”, ha apuntado el conseller Blasco.
