El Consell incluirá en la nueva regulación sobre aportaciones al servicio las mejoras propuestas para mayores y discapacidad

La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha declarado hoy que "el Consell adecuará la regulación de las aportaciones de los usuarios al coste de los servicios de mayores y discapacidad al rango normativo que establece la sentencia del TSJCV sobre el Decreto 113/2013 de la Conselleria por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los Servicios Sociales".

En este sentido, ha señalado que sin perjuicio de presentar recurso de casación, los equipos técnicos de las Consellerias de Hacienda y Bienestar Social están trabajando conjuntamente en el texto que modificará la Ley de Tasas de la Generalitat, con el objetivo de introducir, en los términos previstos por la Sentencia, la nueva tasa por prestación de servicios de atención social a los usuarios.

Sánchez Zaplana ha anunciado que la nueva normativa incluirá las mejoras en las condiciones de las aportaciones de los usuarios informadas al sector y anunciadas por el President Fabra, entre las que se incluye el incremento del 'dinero de bolsillo' para usuarios de residencias, que pasa de los 126 euros mensuales previstos inicialmente a 219 euros en el caso de personas con discapacidad. Esta cantidad supone 2.628 euros anuales, cantidad que constituye el 40'5% del IPREM (532 euros).

"Con esta modificación - ha incidido la consellera- la Comunitat Valenciana se sitúa, junto a Cantabria, entre las CCAA con mayor importe de 'dinero de bolsillo' para usuarios de residencias de personas con discapacidad financiadas por la Administración".

También se mejorará esta cantidad de libre disposición para las personas mayores en residencias públicas, al pasar de los 101 euros actuales al mes a 175 euros. Esta cantidad supone 2.100 euros anuales, que constituye un 33% del IPREM.

Respeto a las decisiones judiciales y principio de reserva de ley

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez Zaplana ha reiterado que el Consell "respeta las decisiones judiciales y muestra su voluntad de cumplir con el principio de reserva de ley al que hace mención la sentencia del TSJ, sin perjuicio de plantear recurso a la sentencia".

A este respecto, la consellera ha recordado que la sentencia no se pronuncia, en ningún momento, "sobre si los usuarios deben realizar o no aportaciones económicas al coste de los servicios que reciben", sino tan solo sobre la fórmula legal exigible para regular dichas aportaciones, "de hecho -ha matizado- la sentencia reconoce la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema".

Modelo uniforme, justo y equitativo

La consellera ha explicado que la decisión de Bienestar Social de regular las aportaciones de los usuarios no dependientes como Precio Público, tal y como se hace en la mayoría de las Comunidades Autónomas y como establece la normativa autonómica "responde a la necesidad de conseguir un modelo uniforme, justo y equitativo entre personas dependientes y no dependientes usuarias de los mismos servicios".

Cabe recordar que la Orden 21/2012 de la Conselleria de Bienestar Social, que traspone los acuerdos y normas estatales que desarrollan la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno Socialista, ya establecía el copago para personas en situación de dependencia, tanto personas con discapacidad como personas mayores, "Orden que no ha sido recurrida en ningún momento y por lo que continúa vigente" ha aclarado Sánchez Zaplana.

En cualquier caso, la consellera ha reiterado que el Consell "garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema de atención por no disponer de recursos económicos", y ha destacado la necesidad de establecer "equidad e igualdad de trato para todas las personas con discapacidad, sean o no personas en situación de dependencia".

Personas afectadas por la sentencia del TSJ

La anulación del Decreto 113/2013 por el TSJCV afecta a un total de 4.050 personas no dependientes, 2.400 mayores y 1.650 personas con discapacidad (de estas 1.650 un total de 700 quedaban exentas de aportaciones), lo que supone un 24% de los usuarios de plazas residenciales de mayores financiadas por la Generalitat y un ?13% de los usuarios de plazas en centros de discapacidad financiados asimismo por la Generalitat. El resto son personas mayores o personas con discapacidad en situación de dependencia reconocida, y por tanto no están afectados por la sentencia.

En conjunto, del total de 18.800 plazas financiadas para mayores y personas con discapacidad, un 17'8% queda afectada por la anulación del Decreto.

"Con estos datos -ha aclarado la Cosnellera- la Generalitat ha garantizado en todo momento que los usuarios realicen aportaciones en función de sus posibilidades, y quien no tenga recursos suficientes, no realice aportación alguna. Ningún usuario ha quedado fuera del sistema de atención por no disponer de recursos económicos".

La consellera ha trasladado la voluntad de la Generalitat de que, con el objetivo de favorecer a las personas con discapacidad, "antes del 1 enero esté aprobada la ley que regule las aportaciones económicas de los usuarios e incluya las mejoras introducidas".

Mejoras para las personas mayores y personas con discapacidad

La Generalitat destinará un total de 11 millones de euros anuales para sufragar las mejoras en las condiciones de las aportaciones de los usuarios. Unas mejoras que, según la consellera afectarán a la totalidad de los 18.000 usuarios de las plazas financiadas por la Generalitat para mayores y personas con discapacidad.

En este sentido, además de la mejora de dinero de bolsillo para personas mayores y personas con discapacidad usuarias de residencia se mejora el cálculo de las prestaciones económicas en beneficio de los menores de 18 años que se encuentran en situación de dependencia, de manera que se tenga en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Además, para menores de 18 años en situación de dependencia se propone generalizar la prestación por Cuidador No Profesional, algo que se contempla como excepción dentro del catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia.

En los casos de personas con discapacidad sobrevenida que sean cabeza de familia, se mantendrá la renta familiar en el cálculo de la capacidad económica, dado que se trata de situaciones especiales y de este modo se favorece a la familia.

Asimismo, las viviendas tuteladas podrán recibir tratamiento como recurso residencial, como se ha venido haciendo hasta ahora, o como recurso de noche, lo que las equipararía al centro de día y, por lo tanto, el usuario sólo realizaría aportación a partir de 532 euros.

Por otra parte, con la finalidad de favorecer a las personas con discapacidad usuarias de Centros Ocupacionales, la Conselleria asumirá gastos de transporte para alrededor de 800 usuarios de Centros Ocupacionales de ámbito comarcal, que reciben usuarios de localidades cercanas. La financiación anual aproximada será de unos 1.300 euros por usuario.