El Consell destina 1,3 millones para garantizar la defensa judicial efectiva en acciones humanitarias y colectivos vulnerables
La conselleria garantiza la asistencia a menores, mayores con diversidad funcional, migrantes y víctimas de violencia de género
El Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se autorizan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para garantizar la asistencia gratuita para que los valencianos y valencianas cuenten con una mejor cobertura, ya que se beneficia a los ciudadanos y ciudadanas que, por carecer de recursos, no pueden acceder en condiciones de igualdad a la justicia.
En especial, a aquellas personas que carecen de recursos para litigar o que pertenecen a colectivos vulnerables: menores de edad, mayores, con diversidad funcional y migrantes; y a las víctimas de violencia de género, de trata o prostitución y del terrorismo.
El importe de estas subvenciones, de carácter excepcional al darse razones de interés público, social, económico o humanitario, será de hasta un máximo de 1.275.000 euros destinado al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y hasta un máximo de 55.000 euros al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
Estas subvenciones también se destinan al proyecto JustiProp de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía unos servicios de orientación y asesoramiento jurídico en los municipios con menor población o físicamente alejado de los capitales de los partidos judiciales a través de los Servicios de Orientación Jurídica.
Igualmente, el decreto recoge un apartado para subvencionar en el ejercicio de actuaciones humanitarias la prestación de asistencia jurídica por los abogados y abogadas a requerimiento de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en el marco de las actuaciones humanitarias que pueda realizar la Generalitat, como la del caso del Aquarius.
Por último, el decreto incluye el ejercicio del derecho de defensa con el fin de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
En este caso se subvencionarán las actuaciones de profesionales de la abogacía, cuando por requerimiento judicial, resolución de órgano administrativo u obligación legal, se deba asistir o asumir la defensa y representación de una persona física o jurídica, en cualquier orden jurisdiccional, siempre y cuando se acredite la insuficiencia de recursos económicos, exista declaración judicial de insolvencia o se encuentre en situación de concurso de acreedores
También se entenderán incluidas las actuaciones realizadas a requerimiento judicial o administrativo, cuando corresponda el archivo de los expedientes de asistencia jurídica gratuita por imposibilidad de comprobar los datos personales o recursos económicos de la persona a la que se haya asistido o defendido.
