El Consell colaborará con la Comisión Europea y trasladará la documentación sobre la gestión de las ayudas a la vivienda que realizó el anterior gobierno
La consellera María José Salvador ha asegurado que la actual Generalitat actuó desde el primer momento, trabajando con la plataforma para "equiparar derechos y empezar a pagar las ayudas"
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha indicado que el Consell remitirá a la Comisión Europea toda la documentación que requiera sobre la gestión que el anterior gobierno realizó con las ayudas a la vivienda.
Sin embargo, ha advertido que el compromiso de la actual Generalitat es que "los ciudadanos no tengan que pagar la mala gestión y la mala planificación del antiguo gobierno y de la consellera Isabel Bonig" y, por ello, "se ha iniciado el pago de toda la deuda, se ha devuelto el derecho a estas familias y se ha abierto una investigación por las nuevas irregularidades detectadas". "Esto se resuelve pagando pero también se tiene que reparar cuando todos los que han cometido tropelías asuman sus responsabilidades", ha apuntado.
Así, Salvador ha recordado que lo primero que hizo como consellera fue firmar un calendario de pagos con la Plataforma de Impagados de las ayudas a la Vivienda para saldar la deuda de 240 millones de euros y reconocer el derecho a las más de 5.000 familias que había dejado fuera el anterior gobierno con la tramitación de las resoluciones 501. En este sentido, ha asegurado que el actual Gobierno valenciano se ha adelantado al calendario firmado y ya ha liquidado la deuda de los 240 millones y ha empezado a pagar el primer bloque de las resoluciones 501 que ascienden a un total de 40 millones de euros. "El antiguo gobierno dejó a estas familias en un cajón y la nueva Generalitat lo que hizo desde el primer momento fue equiparar derechos y empezar a pagar", ha indicado.
Además, la consellera ha recordado que también hay abierta una investigación y una auditoría en la intervención general para estudiar las irregularidades detectadas con los más de 1.100 expedientes por valor de 60 millones de euros que encontró el nuevo gobierno.