El Consell aprueba el proyecto de Ley de la Función Pública Valenciana que impulsa la transformación de la Administración de la Generalitat
Oltra asegura que la nueva ley tiene como ejes "la transparencia, la independencia, la profesionalidad y la máxima eficiencia"
El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de la Función Pública Valenciana que impulsa la transformación de la Administración de la Generalitat.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha explicado que el proyecto de ley, que muestra "la nueva visión y cultura de la Administración pública que impulsa la Generalitat", será remitido a Les Corts para su tramitación definitiva.
En este sentido, la vicepresidenta ha destacado que se trata de una ley que fomenta "la transparencia y la independencia y profesionalidad de los empleados y empleadas públicas", al tiempo que persigue "incentivar la participación ciudadana; conseguir la máxima eficacia y reducción de trámites innecesarios y garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres".
Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la vicepresidenta, ha destacado que el proyecto de Ley de la Función Pública Valenciana "nos permitirá disponer de un instrumento normativo necesario para promover la modernización y transformación de la Administración pública", de modo que "nuestros servicios públicos puedan atender las necesidades de la ciudadanía en este siglo XXI, que son muy diferentes".
Asimismo, Bravo ha remarcado que esta norma, "eje fundamental" del Gobierno del Botánico, "es la ley más avanzada dentro del territorio del Estado español en la consecución de la igualdad y de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la Administración".
Novedades de la ley
El proyecto de ley contempla la creación de la Comisión Intersectorial del Empleo Público, que será un órgano colegiado de coordinación entre la conselleria competente en materia de Función Pública y los órganos gestores del personal de Sanidad, Educación y Justicia, así como del sector público instrumental de la Generalitat.
Por lo que respecta a la regulación de la oferta de empleo público, el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual se tramitará por el sistema de oposición libre.
Asimismo, se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal al servicio de la Administración de la Generalitat, con el fin de agilizar el relevo generacional en un contexto marcado por el significativo envejecimiento de la función pública autonómica. De este modo, las pruebas deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.
En lo que atañe a la selección del personal interino, se mantiene ligada a la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo público. Por este motivo, una de las principales modificaciones de la normativa es, precisamente, que, para inscribirse en esas bolsas de trabajo, siempre habrá que superar, al menos, alguna prueba del proceso selectivo.
Requisito lingüístico
Sobre la exigencia del conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública, se exige, como requisito general de participación en los procesos selectivos, la acreditación del conocimiento del valenciano en el grado que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes.
El objetivo es garantizar la atención en las dos lenguas oficiales y compensar los déficits que todavía presenta el conocimiento y el uso del valenciano para poder hacer efectivo el derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de que cualquier persona pueda dirigirse y ser atendida en cualquiera de los dos idiomas.
Perspectiva de género
En materia de perspectiva de género, el proyecto de ley incorpora una serie de medidas, la mayoría de carácter transversal, fruto de las propuestas formuladas por la comisión encargada de estudiar la reforma de la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, desde la perspectiva de género y recogidas en el denominado Libro Violeta.
La norma reitera la prohibición de la discriminación directa e indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación, y apuesta por la conciliación desde la corresponsabilidad.
Se prevé la adopción de medidas que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal empleado público.
La Administración también adoptará las medidas necesarias en los procedimientos selectivos para garantizar que las situaciones de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditadas, no impidan la participación de esas mujeres en condiciones de igualdad. Tampoco se podrá producir el cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o si disfruta del permiso de maternidad y paternidad.
Otra novedad que se pretende introducir con la ley afecta a los efectos de la excedencia voluntaria por razón de violencia de género. De este modo, se amplía el derecho a la reserva del puesto de trabajo hasta que se produzca el cese de la situación de violencia que generó la excedencia.
Asimismo, se tendrá especial consideración en los supuestos de movilidad geográfica de las empleadas públicas víctimas de la violencia machista.
