Las comunidades autónomas reclaman reforzar la planta judicial con jueces de adscripción territorial, de refuerzo y tribunales colegiados de instancia

Las comunidades autónomas con competencia en la gestión de la administración de justicia han acordado reclamar al Ministerio de Justicia el reforzamiento de la planta judicial a través de la creación de plazas de jueces magistrados y secretarios judiciales, con fórmulas más acordes al nuevo modelo judicial como tribunales colegiados de instancia y jueces de adscripción territorial y de refuerzo, frente a los juzgados territoriales.

El objetivo es alcanzar la ratio europea de juez por cada 100.000 habitantes que es de 19,8, mientras que actualmente la media en España es de 10,3. La Comunitat Valenciana se encuentra entre las autonomías que cuenta con menos jueces por cada 100.000 habitantes ya que la ratio es de 9,4. Por detrás, solamente están Murcia, con 9,2, y Castilla-La Mancha con 8,2.

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha presidido esta mañana en la Ciudad de la Justicia la reunión de la comisión de coordinación de las once comunidades autónomas con competencia en la gestión de la administración de justicia, a la que han asistido los consejeros de Canarias, Galicia, Navarra, Aragón, Madrid y Cantabria y los representantes de País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias.

Tras dos jornadas de trabajo, los consejeros y representantes autonómicos han consensuado un documento que recoge diez acuerdos y que será trasladado al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a los Consejos generales de la Abogacía y de Procuradores para que adopten las iniciativas que correspondan.

La titular de Justicia en la Comunitat Valenciana, que ha actuado como portavoz de los consejeros, ha recalcado que “la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales previstas para 2010 debe adaptarse a las actuales circunstancias presupuestarias de cada comunidad autónoma y acomodarse al nuevo modelo de oficina judicial que está en proceso de implantación”.

Instrumentos necesarios para administrar la Justicia
A este respecto, Sánchez de León ha hecho hincapié en que “para la correcta implantación del nuevo modelo de oficina judicial queremos que se nos den los instrumentos necesarios para administrar la justicia”

De este modo, los consejeros apuntan en el punto 5 del acuerdo la necesidad de hacer efectivo “el traspaso de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la administración de justicia como requisito para la culminación del proceso de implantación de la nueva oficina judicial”.

Y añaden, además, “las decisiones que se adopten en materia de medios personales y materiales vinculen de forma directa a todos los secretarios judiciales en su respectivo ámbito territorial”, debido al “papel fundamental que estos profesionales desempeñan en la nueva oficina judicial”, ha explicado la consellera.

Convocatoria urgente de la Conferencia sectorial en septiembre
La titular de Justicia ha hecho referencia a otros de los puntos clave del acuerdo como los fondos de depósitos previstos en la Ley Orgánica 1/2009 y la urgente reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Respecto al depósito por recurrir, el 40% del cual va destinado, según marca la ley, a las autonomías, los consejeros han acordado reclamar al Ministerio de Justicia que durante el mes de septiembre comunique a las comunidades autónomas las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario de pago previsto y el procedimiento para hacerlo efectivo.

Por otra parte, Sánchez de León ha insistido en la “urgente reforma de la normativa de la justicia gratuita, tal y como ya hicimos llegar al Ministerio tras las reuniones de Barcelona y Pamplona, ya que es necesario que cuente con las comunidades autónomas en la elaboración de los proyectos normativos que puedan afectar al ejercicio de nuestras competencias”.

Asimismo, las comunidades autónomas presentes en la comisión han manifestado su apuesta por la desjudicialización y la resolución alternativa de conflictos “que puedan permitir una mayor racionalización de los recursos destinados a la defensa de los derechos de la ciudadanía”, según se especifica en el acuerdo.

Sánchez de León ha insistido en que “por todo ello y debido al proceso en que estamos inmersos en cuanto al desarrollo de la nueva oficina judicial y la situación de reforma de la justicia es necesaria la colaboración e interlocución con el Ministerio de Justicia, por lo que proponemos que la Comisión sectorial sea convocada con mayor asiduidad, de modo que la próxima se celebre el próximo mes de septiembre”.

Próxima comisión de coordinación, en Santander en 2011
Finalmente, la consellera ha anunciado que la próxima comisión de coordinación entre comunidades autónomas con competencia en la gestión de la administración de justicia tendrá lugar en Santander en febrero de 2011.

Sánchez de León ha indicado que “prima en todo momento la voluntad de seguir cohesionados y de trabajar unidos para reclamar soluciones, pues somos los gobiernos autonómicos los verdaderos conocedores de las necesidades del sistema judicial”.