Compromís también impone su ‘pago por adelantado’ a Sánchez: Reformar la financiación autonómica
Sus dos diputados en el Congreso han presentado el ‘decálogo’ de medidas que exigirán en las negociación con el candidato a la investidura y que Sumar acepta “como suyas”
Compromís ha hablado este lunes sobre sus condiciones si Pedro Sánchez quiere sus dos síes en su investidura. Unas reclamaciones que exigirán en las negociación con el candidato a la investidura y que Sumar acepta “como suyas”, es decir, tienen el respaldo de Yolanda Díaz.
La reforma del sistema de financiación es la reivindicación principal -algo que ya hicieron en 2019 en las anteriores elecciones y que finalmente no se ha llevado a cabo todavía- algo que reconocen los dos diputados Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, no es algo que dependa solo de la formación valencianista.
Pero lejos de rendirse, van a llevar esta reivindicación muy lejos y de hecho, en una doble vía: por un lado condición para la negociación y, por otro lado, presionar al resto de políticos valencianos de otras formaciones para que también lo hagan.
¿Qué otras condiciones impone Compromís para dar su apoyo al candidato socialista?
- A la reforma del sistema de financiación le debería acompañar, además, la creación de un fondo de nivelación transitoria.
- Condonación de la deuda histórica de 46.000 millones de euros provocada por una infrafinanciación crónica.
- La ejecución de los 1.435 millones de euros del plan estatal de cercanías, con una especial urgencia en la variante de Torrellano i la conexión del aeropuerto del Altet. Además, se propondrá la ampliación de las líneas C1 desde Gandia a Denia, la C3 de Valencia a Utiel, la línea C7 hasta el Puerto de Sagunto y la integración definitiva de los trazados desde Castellón a Vinaròs y de San Vicente del Raspeig hasta en Villena.
- Limitar los precios del alquiler e impulsar una moratoria de compra-venta por parte de la población no residente de mínimo 36 meses. Además, han exigido un pacto para la liberación del tiempo encaminado a la reducción de la jornada laboral a 32 horas.
- Repotenciación de plantas existentes, priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como nuevas plantas solares en suelos degradados, manteniendo siempre un permanente diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural.
- Limitar los cruceros y los apartamentos turísticos en una nueva política turística que asuma las externalidades negativas vinculadas a la equidad social y el cambio climático.
- Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado garantizando un 25% del presupuesto total de la sanidad, con financiación directa y finalista para que las comunidades autónomas aumenten personal, mejoren las infraestructuras y adquieran material sanitario.
- Creación de una normativa que controle que la cadena alimentaria y sus intermediarios paguen al menos el 60% del precio a los productores.
- Una Ley de financiación de infraestructuras culturales estatales y equidad territorial que garantice los recursos necesarios para una oferta diversa y de calidad en el conjunto del estado.