Compromís reitera al Gobierno la necesidad de acometer el desmantelamiento de Castor y pide que deje de facturar a los consumidores
En 2020 los usuarios pagarán 3,3 millones de euros por el gas inyectado que provocó terremotos
La coalición recuerda que existe un plan para el desmantelamiento redactado desde 2018 y denuncia las deliberadas demoras en que incurren los trabajos
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha urgido de nuevo al Gobierno central que desmantele el fiasco del proyecto Castor que, día a día, nos recuerda lo peor de la gestión política, del derroche y del despilfarro “pues una infraestructura inútil, molesta y peligrosa como esta sigue costando a diario miles de euros a los usuarios del gas y contribuyentes”. El representante valencianista en la Cámara Alta ha reclamado “el desmantelamiento urgente y con garantías de seguridad de las instalaciones, para que dejen de ser un peligro para la ciudadanía”.
El senador ha recordado que el Plan Previo de Desmantelamiento de las dos plantas y estructuras está valorado en 260 millones de euros y que los usuarios del gas han tenido que sufragar ya más de 80 millones por mantener hibernadas unas instalaciones que se demostraron mal diseñadas y ejecutadas y totalmente ineficaces. Además, hemos conocido como, a pesar de las sentencias que paralizaron los pagos y retribuciones que se obtuvieron mediante mecanismos inconstitucionales, se siguen abonando las reconocidas por el gas colchón que se inyectó hasta que comenzaron los terremotos, aproximadamente 114.506,92 metros cúbicos de un total de 1.900 millones previstos, es decir apenas un 6% de lo inicialmente previsto, por los que se pagaron 39,2 millones de euros que se siguen cobrando a los consumidores a día de hoy.
A tenor de la respuesta del Gobierno a preguntas de Compromís estas cantidades se abonan a Enagás, la empresa a quien se le endosaron estas instalaciones y reconocieron derechos con cargo a peajes facturados a los comercializadores por el uso de las instalaciones gasistas, a pesar de tratarse de unas instalaciones que no funcionan.
“Vemos como el Gobierno no mueve un dedo por acelerar el desmantelamiento de las instalaciones a pesar que aseguró en octubre de 2019 en el Consejo de Ministros que iba a poner fin a la hibernación y proceder al sellado definitivo de los pozos del almacenamiento subterráneo de gas. En vez de acometer los trabajos y perseguir a la empresa, de forma cobarde hace soportar en los ciudadanos toda su ineptitud e inexperiencia en esta materia, ya que evidentemente fueron engañados por unos charlatanes sin experiencia que ejecutaron un proyecto inviable, por lo que deben ser ellos o la administración quienes deben asumir sus errores, pero jamás los ciudadanos”, ha agregado.
Compromís recuerda que no existen razones que justifiquen la inclusión de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor dentro de las infraestructuras gasistas de nuestro país.
En la actualidad, los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal, desde el mes de abril de 2016, mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades. La vida útil de estos dispositivos, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse. Desde la fecha de su instalación, se realizan controles periódicos para certificar que las instalaciones están hibernadas de forma segura.