Compromís reclama la derogación de la nueva tasa que castiga a los regantes del Tajo-Segura

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Mireia Mollà, ha presentado una proposición no de ley en Les Corts para que el parlamento valenciano inste al Gobierno de España a defender los intereses de los regantes, agricultores y agricultoras del sur peninsular, con la aplicación de un plan urgente que solucione el problema del agua, con alternativas para hacer frente a la sequía y con la derogación de la injusta tasa del agua para el trasvase Tajo-Segura, "con la que los regantes se ven obligados a pagar por un agua que nunca van a recibir".

Según explica Mollà el gobierno central aprobó en junio del año pasado un nuevo sistema de cálculo de las tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura. Con esta modificación el Ministerio de Agricultura y Pesca ha aplicado un canon al agua de los regantes del trasvase Tajo-Segura, tarifa que deben abonar independientemente de si existen transferencias hídricas o no. "Se trata de una maniobra claramente recaudatoria que castiga las economías de los agricultores del sur y que llega en plena situación de sequía".

En noviembre de 2017 la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso aprobó un proyecto de ley que contempla, según explicaron, exenciones a los regantes en los pagos por el canon de regadío, moratoria en el abono de las cuotas a la Seguridad Social y, entre otras, la condonación este año del «tasazo», por valor de 12 millones de euros a pesar de que no circula agua desde de mayo.

Según denuncia Mollà "estas exenciones se han quedado en un anuncio, porque la realidad es que a los regantes no se les ha eximido del «tasazo» y han tenido que abonar el recibo tal como lo ha reclamado el Ministerio de Agricultura".

"La medida, inédita en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura, deja a los agricultores en una situación de indefensión. Es insostenible -ha añadido la parlamentaria de Compromís- que la Administración central utilice la asfixiante sequía con fines recaudatorios, estableciendo una tarifa para 421 hm3 cuando no llegará ni un solo hectómetro de agua. Hay unos 100.000 agricultores afectados de forma directa e indirecta por los problemas de falta de agua para riego, según las estimaciones de las organizaciones agrarias, que actualmente, deben hacer uso de agua desalada y otras fuentes alternativas".

Además, el anuncio realizado por el Gobierno central sobre la modificación de la línea eléctrica en la desaladora de Torrevieja para que antes del verano duplique la producción de agua desalada de 40hm3 a 80 hm3, llega demasiado tarde y con una previsión de plazos inexacta, como ocurre con muchos otros anuncios del Estado. "Las desaladoras en nuestro territorio fueron abandonadas, funcionan a menos de la mitad de su rendimiento o están totalmente paradas, olvidadas por el Estado como parte de la solución al problema del agua. Tras largos cuatro años de sequía, el Gobierno no ha hecho las infraestructuras necesarias para llevar el agua a los regantes, ni están las desaladoras a pleno rendimiento, especialmente la de Torrevieja, que podría aportar 80 hectómetros más y tiene los bastidores instalados carentes del suministro eléctrico, para lo que llevan dos años de obras", ha señalado Mollà.

Por otra parte, la desaladora de Mutxamel, parada sin ningún tipo de actividad y inmersa desde hace años en negociaciones para llegar a un convenio, sería parte de la solución si estuviera en funcionamiento, daría parte de la respuesta al problema de la sequía con una infraestructura que hoy en día está desaprovechada y que costó más de 90 millones de euros.

Las organizaciones de regantes del arco mediterráneo están reclamando una solución definitiva para el déficit hídrico, los agricultores y agricultoras no pueden sostener esta situación crítica de sequía que se agrava con la nula gestión del Gobierno Estatal en materia de agua. Tampoco en los años de gobierno del PP se han ejecutado los proyectos pendientes en eficiencia de la gestión del agua ni se han efectuado inversiones ni las licitaciones para obras hidráulicas en regadíos, regulación y abastecimiento, que son nulas.

"Ante esta situación -explica Mollà- desde Compromís exigimos que se derogue definitivamente la injusta y arbitraria derrama que planea sobre los regantes del Tajo-Segura. Asimismo reclamamos al gobierno central que elabore y desarrolle, todas aquellas medidas normativas necesarias para revocar el tasazo del agua y devolver lo recaudado a los regantes hasta el momento".

Asimismo Compromís insta al gobierno central a invertir, junto a las Confederaciones Hidrográficas, de manera urgente en alternativas para hacer frente a la sequía como la desalinización o la desalobración, la modernización de los regadíos o la reutilización de aguas depuradas.