Compromís reclama cambiar el injusto sistema de protección y jubilación de los profesionales de la abogacía y la procuraduría

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts una proposición no de ley con medidas para mejorar la protección social de la abogacía y la procuraduría valencianas, después de mantener una reunión con este colectivo, que se está movilizado bajo el nombre de Movimiento#J2.

En ese sentido Compromís plantea con su iniciativa parlamentaria realizar las actuaciones y modificaciones necesarias para permitir la posibilidad voluntaria de trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) las cantidades cotizadas a la Mutualidad profesional, computándose a los efectos en el meritamiento de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, en todo caso previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los periodos cotizados, y respecto de los mutualistas pasivos aplicar complementos a mínimos de sus pensiones hasta lograr el importe de la pensión mínima.

Según explica el diputado Jesús Pla "en 2005 se produjo un cambio radical en el sistema de protección social de abogados y procuradores, pasando de sistema de capitalización colectiva (solidaridad intergeneracional), al de capitalización individual vía mutuas. La pensión de jubilación de cada mutualista pasó a depender única y exclusivamente de sus aportaciones. Las reformas introducidas provocaron una importante variación en las cuantías de las prestaciones esperables, sin que en muchos casos existiera opción real de cambio entre las dos opciones a que pueden acogerse".

En el caso de optar por el RETA después de una larga carrera de cotización/aportación a la Mutualidad no se permitía el rescate de las aportaciones realizadas, ni siquiera para destinarlas al sistema de protección social alternativo (RETA), como tampoco el tiempo se computaba a los efectos del meritamiento de la prestación de jubilación en el sistema público.

Esto significa que nos encontramos ante unas cotizaciones cautivas, puesto que no pueden ser recuperadas hasta la fecha de jubilación del trabajador/mutualista y que, además, al caso del rescate total tributan como un mero plan de pensiones, cuando en realidad se trata de un sistema de previsión básico. Por otro lado, la opción para abandonar la Mutualidad y optar por el RETA implicaba empezar desde cero en la cotización en este régimen, sin tiempo, en muchos casos, para generar derecho a prestación de jubilación, impidiendo la posibilidad de la jubilación en la edad ordinaria, lo cual provocaba la prolongación de la actividad profesional más allá de aquello razonable y deseable.

Para Pla "la tramitación de nuevas reformas que agravian la situación de los mutualistas, junto a la carencia de transparencia, informaciones inexactas sobre las previsiones de la cuantía de las pensiones de jubilación y así mismo, deficiencias a la gestión de las Mutualidades, están impidiendo la jubilación de profesionales de la abogacía y la procuraduría que ven, después de una larga carrera de cotización, como su pensión es inferior a una pensión no contributiva, por lo cual cumplida la edad legal ven imposibilitada su jubilación".

Desde Compromís se denuncia que la cobertura social de los trabajadores de la abogacía y la procuraduría es insostenible por injusta y precaria y lo será más con la vigencia de las reformas previstas. Actualmente y como ejemplo de la escasa cobertura social que ofrecen las mutualidades, un mutualista no genera derecho a la prestación por viudedad, orfandad, incapacidad permanente total y la situación de Incapacidad Temporal por salud mental en toda su vida laboral no puede ser superior a dos meses.

A parte existe un colectivo de mutualistas pasivos, que tuvieron el plan de la Mutualidad de la Abogacía y la Procuraduría como sistema de previsión y las pensiones de los cuales no logran el nivel de la no contributiva del sistema público y que precisan ser complementadas, por eso Compromís plantea realizar las actuaciones y modificaciones necesarias para permitir la posibilidad voluntaria de trasladar al RETA las cantidades cotizadas a la Mutualidad profesional, computándose a los efectos en el meritamiento de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, en todo caso previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los periodos cotizados, y respecto de los mutualistas pasivos aplicar complementos a mínimos de sus pensiones hasta lograr el importe de la pensión mínima. Unas medidas que se tienen que establecer desde el gobierno central.

Así mismo se propone evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones/aportaciones realizadas a las Mutualidades al sistema alternativo al RETA, con un plan de pensiones/ahorro complementario. Y mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procuraduría.