Compromís propone en el Senado medidas adicionales en la regulación de los riders y plataformas digitales para evitar abusos

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reclamado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que “refuerce la actuación inspectora para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales”, así como continuar desarrollando la actuación mediadora de los organismos de las comunidades autónomas con recomendaciones a las empresas e información a las personas trabajadoras.

Estos trabajadores y trabajadoras acaban dependiendo de las tareas que le son asignadas por un algoritmo en las cuales se generan situaciones laborales muy precarias. Muchas de las personas empleadas luchan para obtener un ingreso suficiente, incluso cuando trabajan a tiempo completo, lo cual las condena a la inseguridad e inestabilidad económica. En la moción que la coalición valencianista ha presentado en el Senado se recuerda la dinámica de pérdida del poder de negociación y la pérdida de derechos consolidados para estos trabajadores y como bajo la apariencia de la creación de nuevas empresas tecnológicas, las personas trabajadoras pasan a ser trabajadores intermediarios, etiquetados como autónomos, que son pagados por cada tarea completada, en lugar de ser empleados a través de contratos de trabajo regulares que incluyan una protección social.

Como ya hiciera la formación en les Corts Valencianes, Compromís en el Senado ve urgente abordar una ley específica para regular las peculiaridades del trabajo realizado mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles; dotar de más recursos humanos y económicos a la Inspección de Trabajo para así evitar la proliferación de falsos autónomos, garantizar el acceso a la formación, una protección social básica en materia de jornada, salarios, periodos de descanso y permisos, vacaciones, salud y seguridad laboral y atacar la evasión fiscal.

En el informe de 2019 de UGT El trabajo en las plataformas digitales de reparto, el sindicato estima que, a tenor del número de empleados del sector con más de 14.000 personas, la Seguridad Social ha dejado de ingresar una suma cercana a los 76 millones de euros. Son numerosos los casos de afectados y victorias judiciales ante empresas de reparto en bici en el que los Tribunales los reconocen como empleados y no como autónomos, por lo que Mulet considera “ya toca ponerse manos a la obra para dar derechos a los trabajadores y garantizar una justicia con la Seguridad Social, el principal sistema de protección del país, ya que debe estar preparado cuanto antes para poder hacer frente a las contingencias que afectan a los trabajadores”.