Compromís pide en Vinaròs el desmantelamiento de Castor “por el coste que supone y por el temerario retraso en el que incurre”

Compromís ha denunciado hoy en la planta terrestre de Castor, la lentitud del Gobierno en abordar el desmantelamiento de la misma y ha exigido la ejecución del Plan de Desmantelamiento valorado en 159,35 millones de euros, después que la planta lleve ocho años sin funcionamiento.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha indicado que cada día que esta planta sigue parada en este mismo sitio cuesta 46.500 euros su mantenimiento. “Es una barbaridad ver que nadie asume responsabilidades. Se supo por nuestra presión que tenían un proyecto calendarizado para desmantelar todo esto, pero la realidad es que todo son excusas. Hemos pagado 60 millones desde que tienen el proyecto. ¿Qué hace el PSOE y la ministra que firmó estas plantas? Están en silencio. Estamos en 2021 y debería estar todo desmantelado. ¿Qué intenciones tienen con esta planta y los pozos submarinos? No entendemos qué quieren, porque no tiene sentido y ni PP ni PSOE están por la labor de depurar responsabilidades”, ha remarcado Mulet.

El senador valencianista ha recordado como el 29 de enero de 2019 el Gobierno anunció en precampaña, como ‘inminente’, el desmantelamiento de las instalaciones, algo que todavía no ha sucedido casi dos años y medio después. “Lo peor es que no se sabe ni qué medidas o comprobaciones han realizado para comprobar la seguridad de las válvulas, ni hay un calendario de desmantelamiento. Tan solo pagan por un cadáver flotante y unas instalaciones paradas como si el dinero gastado ahí no fuera de nadie o no valiera para mejores propósitos”, ha señalado.

Evelio Monfort (PCDTDS) ha recordado que “el sellado provisional de los pozos que tenía una vida de tres a cinco años como máximo excepcional, lleva desde el año pasado caducado. Lo dijo la ministra hace dos años, que se tenía que proceder al sellado definitivo. Imaginad que se produce una fuga de hidrocarburos en una zona tan turística como la que nos encontramos entre el Delta del Ebro y Castelló, algo que la empresa previó en sus proyectos. Tenemos un peligro evidente. Una administración que multa a la gente que no pasa la ITV y ellos incumplen la ley flagrantemente”, ha alertado.

La diputada Belén Bachero ha lamentado que “el gran pufo y negocio para Florentino haya acabado siendo un desastre para las arcas públicas, además de los más de 500 terremotos que sufrieron los vecinos de estos pueblos”, por lo que ha propuesto cambios normativos para que algo así no vuelva a ocurrir.

Juan Marcos Bayarri, portavoz de Compromís Peñíscola ha lamentado que ocho años después del cierre la planta todavía no esté desmantelada “cuando lo hemos estado pagando todos los ciudadanos” y se ha preguntado “¿qué pasaría con el sector turístico si hay alguna fuga?”, por lo que ha manifestado que “no podemos más que pedir el desmantelamiento inmediato”.

El diputado Silverio Tena ha tildado de “inconcebible” estar pagando los millones anuales que cuesta el mantenimiento de una planta de no funciona “algo muy injusto además para el territorio”. Por su parte Mònica Álvaro ha señalado que “aquí no se mueve ni un palo ni un cable, la estructura sigue aquí viva y no queremos olvidar. Estamos aquí para recordar que es necesario desmantelar, porque no queremos que la tierra vuelva a temblar bajo Vinaròs jamás”.

El miembro de Compromís Vinaròs y exsenador, Jordi Navarrete, ha instado al Gobierno a que “de una vez se tomen medidas para garantizar el desmantelamiento y que los usuarios del sistema gasístico y los de siempre, como somos los ciudadanos, no seamos quienes paguemos la fiesta”.

La coalición ha desplegado una pancarta con el mensaje ‘Fora Castor’, que ha sido sostenida por distintos representantes de la comarca, Senado y Corts, como Juan Marcos Bayarri y Vicent Castell (Peñíscola), Juan Carlos García y Jordi Navarrete (Vinaròs), las diputadas autonómicas Belén Bachero y Mònica Álvaro, el diputado Silverio Tena y Evelio Monfort, portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, junto al senador Carles Mulet.

Poca transparencia

Mulet ha recordado la poca transparencia del Gobierno con este caso a la hora de facilitar información como hemos visto esta misma semana “en la que no hay manera de que concreten la legalidad de las remuneraciones” y la negativa de la Mesa del Senado en atender la petición de creación de una comisión de investigación como han solicitado los 25 senadores necesarios.