Compromís pide al Gobierno central que regule la plusvalía municipal para reducir la inseguridad jurídica de la ciudadanía
El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, Silverio Tena, ha presentado una propuesta para que el Gobierno impulse una modificación legislativa de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regule el impuesto de plusvalía municipal, y resolver así el vacío legal generado tras la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 123/2019) que declaraba inconstitucional el artículo 107.4, y que anuló dicho impuesto.
Según Tena, “esta sentencia del TC, que anulaba el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en los casos en que el impuesto resultaba confiscatorio para el contribuyente, ha generado un gran eje de conflicto en los últimos años”.
“La fundamentación que se ha utilizado para acudir al amparo del Tribunal Constitucional ha estado directamente relacionada con los principios tributarios, puesto que el hecho de grabar una pérdida a través de un tributo supone una vulneración de los principios de no confiscatoriedad y capacidad económica, por los que no se puede tributar una renta inexistente, virtual o ficticia y es lo que ocurre si la cuota a pagar del impuesto es mayor que el incremento realmente recibido por el ciudadano o la ciudadana afectada. Por otro lado, también nos encontramos ante una doble imposición sobre el mismo hecho imponible, puesto que los particulares abonan a la Hacienda estatal la plusvalía si se ha generado una ganancia patrimonial”.
“A partir de la sentencia del TC, los ayuntamientos ya no podían exigir el impuesto no solo cuando se haya vendido o transmitido la vivienda a pérdidas, sino cuando, aun habiendo ganancia, el importe a pagar sea superior al beneficio. Esto genera dudas tanto a los contribuyentes como a los ayuntamientos respecto de la manera en que se tiene que proceder en estos casos y si es posible reclamar sobre los impuestos ya liquidados. Y al mismo tiempo se ha producido un vacío legal que ha dado lugar a un gran número de litigios que obligan a los Ayuntamientos a devolver el importe pagado a la ciudadanía”, ha añadido.
“Además, el vacío legal existente hace que los Ayuntamientos de todo el Estado español sean los que decidan si aplican o no el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo cual genera una inseguridad jurídica que afecta de lleno a la ciudadanía, en cuanto a que dependerá del término municipal en el cual residan o al que se encuentren adscritos el pago o la exención del abono del impuesto. Por eso, desde Compromís, y ante la discrecionalidad generada por la resolución del Alto Tribunal, consideramos que hace falta, por parte del legislador estatal, una regulación más concreta del fondo del tributo que conduzca a esclarecer el alcance de este, los casos en los cuales se ha cobrado de manera indebida y un protocolo de devolución en los casos en que exista tal reclamación”.
“En ese sentido es necesario tener en cuenta la desigualdad que se puede producir en la población, por el hecho de afrontar o no una carga impositiva según la voluntad del ayuntamiento, pero también las disparidades que se producirán en cuanto a los ingresos de los órganos de gobierno municipales. Por eso es necesario incluir, con carácter de urgencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida compensatoria para garantizar que los ayuntamientos puedan hacer frente a las pérdidas derivadas de las devoluciones de los importes procedentes del impuesto de plusvalía municipal a consecuencia de la sentencia del TC”, ha concluido Silverio Tena.