Compromís insta desde les Corts y el Senado a facilitar el acceso a los bancos de alimentos

La portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes, Mònica Àlvaro, y el senador territorial, Carles Mulet, han anunciado hoy la presentación de una serie de iniciativas parlamentarias en ambos parlamentos para instar al nuevo Ejecutivo que se configure “a implicarse en mejorar el acceso de la ciudadanía más necesitada a los Bancos de Alimentos, circunstancia que se ha entorpecido con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central”.
La diputada autonómica Mònica Àlvaro ha destacado que “obviamente nuestro objetivo es que no hay nadie que tenga que recurrir a estos bancos de alimentos, pero mientras des del Consell estamos haciendo grandes esfuerzos por revertir la situación de ruina que nos dejó el gobierno del PP, hay que garantizar que la gente no vea entorpecidos sus derechos”.

Compromís ha afirmado que a consecuencia de las modificaciones del PP, para acceder a los bancos de alimentos se exige que los servicios sociales públicos o de trabajadores sociales acrediten la situación de exclusión o vulnerabilidad de cada persona receptora. “Si este requisito viene derivado de una normativa europea, hay que buscar el método para reforzar estos servicios sociales que pueda emitir sin dilación los preceptivos informes”. En este sentido, Mulet y Àlvaro han coincidido en afirmar que “la emisión de estos informes se ha complicado debido al desmantelamiento de los servicios púbicos y de las competencias de los ayuntamientos impulsado por el PP, por eso debemos buscar mecanismos que agilicen y faciliten a las personas más necesitadas el acceso a los alimentos”. Compromís ha confiado en que el nuevo gobierno central sea más sensible con las necesidades básicas de la población, y se revierta esta política de recortes y trabas administrativas.

Por su parte, el senador castellonense de Compromís, Carles Mulet, ya ha presentado una pregunta escrita ante Gobierno exigiendo revierta la actual citación, después que e la respuestas a la preguntas parlamentarias 684/83325 a 684/84238 ( 191591 a 192923) el Gobierno justificase la resolución de 25 de febrero de 2015 por la cual se cambia el método para conceder a las personas las ayudas para beneficiarse de los bancos de alimentos.

El Gobierno poco más que aplaudía la normativa europea que en teoría obligaba que dificultaba el acceso a los alimentos, ya que en una de sus respuestas apunta que “la determinación de la situación de persona desfavorecida mediante informe de valoración realizado por profesionales públicos o de las entidades participantes, se estimó como la forma más objetiva y homogénea en cuanto a su implantación en todo el territorio nacional, así como la más sencilla para las organizaciones o entidades participantes en el programa de alimentos, ya que las personas desfavorecidas pueden acudir directamente a los servicios sociales públicos para la obtención de este informe y por tanto las entidades participantes no deben soportar la eventual carga de esta labor”.

Ante este documento, desde Compromís se advirtió “que las entidades sociales que se dedican altruista y voluntariamente a repartir alimentos entre la población más necesitada veían como cada vez se complicaba más el papeleo solicitado por el FEGA”. Desde Compromís añaden que “con la publicación de esta Resolución corre el grave peligro de que miles de entidades solidarias en todo el Estado Español se quedan sin poder suministrar alimentos por culpa de las más que desorbitadas exigencias del Ministerio”.

La nueva normativa obliga a las organizaciones voluntarias de reparto de alimentos a aportar un informe de Servicios Sociales por cada receptor de comida. Ello supone que las delegaciones más humildes de pequeños municipios como Cáritas locales, las asambleas de Cruz Roja local, Manos Unidas vean peligrar el futuro de su labor social por las dificultades administrativas.

Disminuyen las familias valencianas con acceso al banco de alimentos

De hecho, los datos aportados, referidos a los municipios valencianos: (https://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=10&id1=197079&id2=1) demuestran como en la gran mayoría de municipios ha disminuido el número de personas atendidas por los bancos de alimentos; no porqué hay una mejoría substancial en la economía, sino simplemente porque muchas de las entidades prestatarias del servicio se ven incapacitadas a continuar con él.

Por ejemplo, la prensa reitera estos datos publicando que el número de beneficiarios del Banco de Alimentos de Castellón ha disminuido casi en un 20% en el 2015, debido a los requisitos más estrictos para poder acceder a la ayuda y a la mejoría de la situación económica.
En concreto, según informaron fuentes del Banco de Alimentos, el total de beneficiarios ascendió a 16.498 el año pasado cuando en el 2014 la cifra se situó en 20.328. También descendió la cantidad de alimentos que se repartieron, de 1,374 millones en el 2014 se pasó en el 2015 a 1,247 millones. Asimismo, ha disminuido el número de entidades sociales que reparten, en el 2015 fueron 88, es decir 20 menos que en el 2014.