Compromís exige al Gobierno central reducir el impacto de la subida del precio de la electricidad en los pequeños consumidores

La diputada de Compromís en Les Corts, Graciela Ferrer, ha presentado una propuesta para que el Gobierno de España tome las medidas adecuadas para reducir el impacto del aumento del precio de la electricidad en los pequeños consumidores que realizan actividades económicas que no pueden trasladar a franjas horarias de consumo con precios más bajos, como por ejemplo el pequeño comercio o las personas que teletrabajan.

“Este cambio de la estructura tarifaria afecta la totalidad del sistema tarifario eléctrico, pero tiene una mayor incidencia en el mercado regulado, donde se encuentra una gran parte de los pequeños usuarios, puesto que no solo se les afecta la introducción de la tarificación con discriminaciones horarias, sino también los importantes incrementos de los precios en todos los tramos (punta, llano y valle), que sobrepasa sobradamente la tímida bajada de los precios de los términos de potencia que se han incluido en esta modificación tarifaria”, ha explicado la diputada de Compromís.

Según Ferrer, “la manera en la que se ha regulado y se está aplicando esta nueva estructura tarifaria y de facturación penaliza de manera desproporcionada a las familias, pequeñas empresas, personas trabajadoras autónomas, personas que teletrabajan, todas incluidas en la categoría de ‘pequeños consumidores’, mientras mantiene intacta la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad que caracterizan al mercado eléctrico español”.

“Por eso -continúa explicando Ferrer-, desde Compromís, pedimos que el Gobierno central modifique el sistema de determinación de los precios mayoristas de la electricidad para eliminar el actual sistema marginalista, donde el precio de todo el volumen de electricidad ofertado en un momento es fijado al precio del último kW producido, que, además, es el más caro. Defendemos que el precio mayorista de la electricidad sea un reflejo fiel de lo que cuesta realmente producirla y no un sobreprecio ficticio como pasa actualmente. Además, también exigimos que las empresas eléctricas sean completamente transparentes respecto a los costes de producción, transporte y distribución de cada fuente de producción de electricidad, y que esos costes se auditen y sean públicos. También pedimos que se regule la obligatoriedad del balance limpio en términos energéticos vinculado a instalaciones de autoconsumo con conexión a la red, como es norma desde hace años en países como Portugal. Estos cambios en la regulación del sistema eléctrico son fundamentales para que la transición energética sea justa y no esquilme los bolsillos de las personas y pymes, mientras engorda la cuenta de resultados del oligopolio eléctrico”.

“Por otro lado -añade la diputada de Compromís- también pedimos que el Gobierno español corrija su carencia de sensibilidad y previsión respecto al fuerte impacto social que la implantación del actual sistema de tarifas tiene sobre los patrones de consumo actuales y, aunque con retraso, ponga en marcha inmediatamente iniciativas específicas de educación energética y una campaña efectiva y continuada de información y sensibilización de la población, donde facilite a la ciudadanía herramientas y medidas de autoprotección en cuanto a la subida de los precios de la electricidad que podrían tomar para adaptarse -cuando menos, parcialmente- a la nueva situación. Además, es necesario que el gobierno central se implique mucho más intensamente en dar apoyo económico a las personas interesadas en poner en marcha instalaciones de autoconsumo en sus viviendas y empresas y a las administraciones públicas para que el autoconsumo en edificios públicos sea una realidad a muy corto plazo”.

“Avanzar en la transición energética que necesitamos para hacer frente el cambio climático requiere, en primer lugar, transparencia y equidad en el reparto de los costes y de los beneficios; también información y apoyo público para mejorar la eficiencia y el ahorro en el uso de la energía, así como para avanzar hacia un modelo de generación de electricidad distribuida, mucho más democrático que el actual. La modificación tarifaria actual no solo se queda coja a la hora de contribuir a la transición energética, sino que es profundamente injusta cargando los costes sobre las espaldas de los pequeños consumidores mientras perpetúa la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad de un mercado eléctrico hecho a la medida de los intereses del oligopolio eléctrico”, ha concluido Ferrer.