COEVAL reivindica a las administraciones más agilidad en la gestión y menos normativa y burocracia innecesarias

La Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida, en su reciente Junta Directiva recordó las reivindicaciones que COEVAL consideró importantes poner de manifiesto a los distintos partidos políticos y opinión pública ante los procesos electorales celebrados en 2023. Reivindicaciones vigentes para el recién estrenado 2024 que serán objeto de atención y seguimiento por parte de COEVAL para valorar su grado de cumplimiento.

De esta manera, durante la celebración de la Junta Directiva se expuso que pymes y autónomos se están encontrando con serias dificultades para hacer frente a la avalancha de normativas y exigencias que se impone desde las Administraciones, cuya tramitación burocrática se alarga en el tiempo, con el lastre que ello supone a nivel social y económico. Por otra parte, pymes y autónomos se enfrentan a nuevos y complicados retos que tienen que afrontar procedentes de una globalización muy a la medida de las grandes empresas.

Es absolutamente necesario trabajar para lograr una reducción, simplificación y agilización de las cargas burocráticas en todas las administraciones, facilitando la puesta en marcha de proyectos de inversión que actualmente padecen retrasos y paralizaciones insostenibles. Por ello, se pide la aplicación del silencio administrativo, al igual que existe en otros países pertenecientes a la UE. De este modo, tras cumplirse los plazos legales previstos para que la administración resuelva la solicitud planteada, se debe considerar de forma general como positivo, dado que el solicitante no puede ser el perjudicado por la falta de diligencia y agilidad administrativa, más incomprensible que nunca con los avances tecnológicos que hoy existen, y que sí son utilizados de forma eficaz por la administración en temas de exigencia tributaria a ciudadanos y empresas. Otra medida importante en la misma dirección es la extensión en lo posible de la declaración responsable como mecanismo para impulsar solicitudes a las administraciones.

Por otra parte, PYMES y autónomos para poder ser competitivos deben hacer un gran esfuerzo en todos los ámbitos para continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo, esfuerzo que necesita de financiación y circulante en condiciones adecuadas. En este sentido, se solicita a la administración pública el anticipo del 50% de la financiación de aquellos proyectos que han obtenido una resolución aprobatoria de subvención o ayuda. Igualmente se pide que los fondos europeos lleguen de verdad a pymes y autónomos, ya que la realidad demuestra más bien todo lo contrario. Esperemos que en este 2024 la Administración Central y Autonómica pasen de las palabras a los hechos y empiecen a llegar a pymes y autónomos lo que corresponda de los
163.000 millones de euros que hasta 2026 la UE prevé para España por los Fondos Next

Generation EU, ya que afectan a temas que imprescindiblemente deben impulsarse si no queremos quedarnos rezagados en materias como la digitalización o la economía circular.

Igualmente hay una serie de temas importantes para el futuro de empresas y autónomos que se pide sean abordados con agilidad. En concreto se solicita la supresión del importe de minimis, que actualmente exige que en los últimos 3 años no excedan de 200.000 € las ayudas públicas sujetas a minimis. De este modo, se podrían llevar a cabo un mayor número de proyectos de inversión con apoyo público.

También se solicita la modificación legal de las cuantías de los contratos menores, ya que es una vía importante de trabajo para pymes y autónomos actuando en colaboración público-privada. Así se solicita que los de suministros o servicios se eleven hasta 50.000 € (actualmente son hasta
15.000 €) y los de obra hasta 100.000 € (actualmente son hasta 40.000 €). Los contratos menores, con una correcta legislación y control, son la mejor forma de que las pymes puedan acceder a proyectos modestos con cualquier tipo de administración.

En referencia también a los contratos y concursos públicos que llevan a cabo todas las administraciones, especialmente las locales, se pide que, desde el respeto a la legalidad, se priorice en todo lo posible la proximidad de las empresas a los territorios de la administración licitante, de cara a poder optar con más posibilidades pymes y autónomos, valorando en los pliegos la proximidad, el conocimiento del entorno y la facilidad para prestar con más celeridad los servicios y mantenimientos que se necesiten. Igualmente se pide, para facilitar que pymes y autónomos puedan participar, la revisión automática de precios de materiales básicos de obra, y la entrada en ella del coste energético y laboral. Los pliegos actuales no dan el valor que merecen a las empresas del territorio que, por proximidad, son las que mejor conocen y se pueden adaptar a las necesidades y realidades del organismo público licitante. La consecuencia es que muchos contratos quedan desiertos o que las empresas locales quedan como meras subcontratistas de grandes empresas que, con ofertas basadas en grandes bajas sobre los precios, son las adjudicatarias, con todos los perjuicios que ello supone para el interés general.