COCEMFE CV exigirá la incorporación de cláusulas sociales de discapacidad en los nuevos contratos de la administración pública
COCEMFE CV valora la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia de incluir cláusulas sociales que beneficien a las personas con discapacidad en los nuevos concursos públicos de obras y servicios y consumos, tal como anunció la concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, el pasado jueves en los medios de comunicación. Las cláusulas sociales son condiciones especiales que deben cumplir las empresas candidatas en un concurso dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social, entre ellos, el que representa esta ONG.
Javier Segura, presidente de COCEMFE CV, ha señalado la importancia de que sean las administraciones públicas quienes marquen la pauta en este ámbito: “El mejor medio para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad es el trabajo, y precisamente este colectivo ha sido golpeado más duramente por la crisis. De hecho solo tres de cada 10 personas disponen de un empleo. Por ello, la administración pública debe abrir todas las vías posibles la contratación responsable, tanto en ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones como en el gobierno autonómico, e impulsar que el sector privado cumpla con sus obligaciones legales”.
De este modo, la entidad de utilidad pública presentará al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, una serie de propuestas al respecto relacionadas con la discapacidad para que puedan ser estudiadas por el equipo de gobierno e incluidas en los nuevos concursos. Estas medidas ya han sido tratadas con la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y con la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, con el objetivo de que los nuevos contratos de la Generalitat sirvan de ejemplo para potenciar el empleo en el colectivo.
Entre las propuestas de COCEMFE CV, destaca que la administración pública admita a concurso únicamente a aquellas empresas que cumplan con la reserva mínima del 2% de los puestos de su plantilla para trabajadores con discapacidad (más de 50 trabajadores), o, en su defecto, el cumplimiento de las medidas alternativas, consistentes en la contratación de servicios con un centro de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad o la realización de donaciones y de acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad a una entidad de utilidad pública con estos fines sociales. La ONG puntualiza que se debe priorizar a aquellas empresas que sobrepasen la reserva del 2%, ya que están aplicando los principios de la Responsabilidad Social Corporativa en un nivel superior.
Asimismo, exigirá que se inste a la Inspección de Trabajo cuando se tenga conocimiento de empresas que no cumplen con la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Por otro lado, COCEMFE CV solicitará un aumento de las plazas de empleo público reservadas a personas con discapacidad del 7%, porcentaje que se encuentra en la actualidad en un mínimo del 5%.
Finalmente, también propondrá la contratación a Centros Especiales de Empleo, ya que este tipo de organizaciones debe contar en su plantilla al menos con un 70% de trabajadores con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%. Como matiz, la ONG ha añadido que debería primarse a aquellas organizaciones de carácter social sin ánimo de lucro, puesto que su trabajo repercute en todo el colectivo en general, y en aquellas personas con mayor dificultad para su inclusión, en particular.
La ONG recuerda que el pasado mes de abril se presentó el Anteproyecto de Ley de Contratos de Sector Público (ALCSP), que reforzará la obligatoriedad de la contratación pública responsable, un tipo de medidas que ya han sido tomadas por gobiernos municipales o autonómicos como los de Navarra, Barcelona, Bilbao, Valladolid o Avilés; y emplaza a los gobiernos valencianos a premiar a las empresas que van más allá en materia de empleo y discapacidad.
