El CECOVA reclama un incremento de las medidas de protección de los profesionales sanitarios contra las agresiones
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, recuerda que la instrucción de la Fiscalía para considerar las agresiones como atentado a la autoridad “debe extenderse a la sanidad privada”
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) mostró hoy su repulsa por el último episodio de violencia contra profesionales sanitarios que costó la vida a una médico de Atención Primaria de 34 años y heridas graves a un conductor de ambulancia en el centro de salud de Moratalla (Murcia) por los disparos efectuados por un taxista jubilado. Además, recordó que, según estudios recientes, el 75% del personal que resulta agredido en los centros sanitarios son profesionales de Enfermería, que son los que mayor contacto tienen con los pacientes y, por tanto, los más vulnerables a la hora de ser agredidos verbal o físicamente en el desempeño de su puesto de trabajo.
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, reclamó la revisión del protocolo contra las agresiones que firmado con la Conselleria de Sanidad para incorporar nuevas medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores sanitarios mediante el aumento de las medidas de protección de los profesionales sanitarios y, así, evitar que se repitan agresiones y amenazas de carácter físico o verbal por parte de pacientes o familiares de usuarios de la sanidad. En este sentido, el CECOVA propuso que se generalice la incorporación de vigilantes de seguridad las 24 horas del día en todos los centros asistenciales y aumentar la presencia de detectores de metales en la entrada de los centros sanitarios más conflictivos.
Además, el CECOVA denunció “el aumento de los episodios de empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa” en las consultas de centros de salud y hospitales con “insultos, ofensas, vejaciones, provocaciones y agresiones físicas”. Por ello, también reclamó que las consultas dispongan de un timbre de alarma y que, al menos las más problemáticas, dispongan de dos puertas y sus muebles estén colocados de modo que a médicos y enfermeras les resulte más sencillo librarse del agresor.
El presidente del CECOVA también aplaudió al iniciativa de la Junta de Andalucía poner en marcha un registro público de agresiones a médicos y enfermeras en el marco del Plan de Prevención de Agresiones para profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, elaborado con el apoyo de organizaciones sindicales, colegiales, consumidores. José Antonio Ávila mostró su apoyo a esta iniciativa que también prevé que los profesionales sanitarios serán instruidos sobre cómo realizar y recibir una crítica, cómo actuar ante una situación de agresividad, dar una mala noticia o a manejar del estrés.
Instrucción de la Fiscalía
El CECOVA recordó que la Fiscalía General del Estado envió una instrucción el pasado diciembre a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia para que califiquen las agresiones a profesionales sanitarios y docentes como delito de atentado a la autoridad. La medida, recogida en el artículo 550 del Código Penal, sólo puede aplicarse a los funcionarios públicos y también se extiende al ámbito de la educación. Con esta decisión se quiere poner freno al creciente número de agresiones registrado en las consultas médicas españolas. Serán así sancionados el empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa, también grave.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, entiende que el delito se consuma con el simple ataque al profesional sanitario o docente, incluso si el agresor no logra su objetivo de golpear materialmente a la víctima. El fiscal jefe justifica este cambio de interpretación en que “el bien jurídico protegido por el delito de atentado es el orden público en sentido amplio”.
Sin embargo, el CECOVA recordó que esta iniciativa “es claramente beneficiosa para la protección de los profesionales sanitarios”, pero lamentó que “se ha quedado corta al excluir a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, ya que éstos no tienen condición de funcionarios públicos”. Por ello, reclamó que este “refuerzo de la seguridad” de los profesionales de la sanidad pública “también se amplíe a los profesionales que trabajan en la sanidad privada ya que son objeto igualmente de frecuentes agresiones físicas y verbales”.
Finalmente, el CECOVA instó a las enfermeras a que “denuncien estos episodios de violencia para que estos casos no queden impunes”. “Está demostrado que los tribunales nos están dando la razón, por eso animamos a que se acuda al juzgado”, afirmó.
