El CECOVA muestra sus satisfacción por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas de ajuste de la Generalitat
Ávila recuerda que instar el recurso de inconstitucionalidad fue un acuerdo de las asambleas de colegiados de Enfermería
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante mostraron hoy su satisfacción por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadores del PSOE contra el decreto 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Comunidad Valenciana, y mostraron su plena confianza en que el Tribunal Constitucional anule la mencionada normativa para proteger los derechos laborales y salariales de los profesionales de Enfermería que sufrieron un grave atropello con la aprobación de una norma injusta, totalmente arbitraria y elaborada de espaldas a los agentes sociales.
El recurso presentado se basa en el argumento jurídico de la vulneración de varios preceptos constitucionales como son el derecho a la no privación de bienes, al trabajo y a una remuneración suficiente, el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva y a la igualdad y no discriminación; también se fundamenta en la no justificación del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad necesario para legislar mediante la fórmula del decreto-ley.
Las organizaciones colegiales de Enfermería recordaron que instar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del decreto de recortes fue una de las medidas aprobadas en las diversas asambleas de colegiados de Enfermería de la Comunidad Valenciana y, para ello, el CECOVA remitió misivas al Defensor del Pueblo, al grupo parlamentario del PSOE en las Cortes Generales y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en las que solicitaba la presentación del mencionado recurso contra el Decreto 1/2012.
En las cartas, remitidas el 21 de marzo de 2012, el CECOVA, en representación del colectivo profesional de Enfermería de la Comunidad Valenciana que mayoritariamente presta sus servicios para la Administración sanitaria autonómica, recordaba que el Decreto 1/2012 había introducido unos severos recortes en los gastos de personal de la Administración autonómica, que, sin justificación alguna, suponían la merma de importantes derechos para todo el personal sanitario en su conjunto, dependiente de la Generalitat Valenciana, y, por consiguiente, también del personal de Enfermería.
Respuestas divergentes
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, explicó que la misiva ha tenido respuestas divergentes; por una parte, la de la entonces Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, que contestó con una carta fechada el 27 de marzo en la que rechazaba instar el recurso de inconstitucionalidad al considerar que “no se produce la vulneración de principios constitucionales”; y, por otra, del grupo parlamentario socialista en las Cortes Generales, que efectivamente procedió a presentar el recurso ante el TC con la firma de 50 senadores.
En este sentido, José Antonio Ávila aseguró que “ahora se podrá comprobar si con la aprobación del decreto se produjo efectivamente una vulneración de principios constitucionales” y se mostró confiado en que prospere la iniciativa judicial admitida ahora a trámite por el TC. De este modo, aseguró que el colectivo de Enfermería de la Comunidad Valenciana espera que el TC anule una normativa “arbitraria e injusta” que, entre otras cuestiones, “merma los derechos laborales del personal al servicio de la Administración pública de la Comunidad Valenciana y reduce a la mitad el complemento por la carrera profesional de los profesionales sanitarios”.
Además, el presidente del CECOVA reiteró que desde la Organización Colegial Autonómica de Enfermería “seguiremos manifestando nuestro rechazo frontal a unos recortes que castigan a un colectivo profesional que no tiene ninguna culpa de la situación de crisis actual, pero que sí está pagando con una considerable merma de derechos laborales y salariales”.
