Las CCAA redujeron durante la crisis un 15% el gasto real en sanidad, educación y servicios sociales

El sistema de financiación autonómico no proporciona a las comunidades autónomas recursos suficientes para que éstas puedan atender sus competencias en la prestación de los servicios públicos fundamentales, lo que las abocó, durante los años de la crisis, a reducir su gasto real per cápita en sanidad, educación y servicios sociales un 15%. Sin embargo, en el mismo periodo las administraciones centrales (Gobierno y Seguridad Social) incrementaron su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales.

Esta situación de insuficiencia se ve acentuada en la Comunitat Valenciana, cuya infrafinanciación le obliga a destinar el 79,8% de sus ingresos no financieros a sanidad, educación y servicios sociales, 6 puntos por encima de la media de las autonomías, en detrimento de otras áreas como el impulso de la economía, las infraestructuras o la cultura. Pese a ser la tercera que mayor esfuerzo realiza, la Comunitat se encuentra por debajo de la media en gasto real per cápita entre 2009 y 2015. En concreto, gasta un 4% menos que las comunidades de régimen común y un 27% menos que las forales. Eso se traduce en 140 euros menos que la media de las autonomías y más de 800 euros por debajo de las comunidades forales.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del segundo número de "Papers de Finançament", una serie de documentos técnicos y de análisis, fruto de la colaboración entre la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), dirigidos a promover el conocimiento de las repercusiones para la Comunitat Valenciana de la distribución de recursos derivada del actual sistema de financiación. En el primer número de esta serie de informes se analizaba la situación de la educación.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha destacado que ésta es "una muestra más de que el sistema de financiación es insuficiente". "La brecha entre los ingresos que recibimos para dar cobertura al Estado del Bienestar y el gasto real para satisfacer las necesidades de los valencianos y valencianas en materia de sanidad, educación y dependencia es cada vez mayor", ha recalcado.

En este sentido, Mira ha señalado que "el nuevo sistema de financiación autonómica debe asegurarnos la suficiencia para que todos los españoles sean tratados por igual, pero también debe garantizar de alguna manera algún Fondo de Reserva del gasto social que nos permita actuar ante fluctuaciones de la economía que son lógicas".

Reducción desigual entre las administraciones
La segunda entrega de "Papers de Finançament" desvela que la capacidad de proteger las prestaciones del Estado de Bienestar desde la crisis ha sido muy desigual entre administraciones. Las comunidades de régimen común han reducido su gasto real por habitante en sanidad, educación y servicios sociales a una tasa media anual del 1,8%, acumulando ajustes por 11.126 millones entre 2009 y 2015. La reducción acumulada es del 15%, el 10,6% en las comunidades forales. Sin embargo, en el mismo periodo los entes que componen la Administración central (Gobierno y Seguridad Social) han elevado su gasto en servicios fundamentales per cápita al 1,2% anual, 13.195 millones.

El documento señala que el modelo de financiación autonómica no ha proporcionado recursos suficientes a las comunidades autónomas para atender estos servicios. Y añade: "El argumento de que la causa de la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas se debe a que su gasto es excesivo no encaja con los datos de gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades forales o de los países europeos de similar nivel de renta, ambos muy superiores". De hecho, "en la Comunitat Valenciana el gasto en servicios públicos fundamentales per cápita se encuentra muy alejado de ambas referencias y se sitúa por debajo de la media de las comunidades de régimen común".

El reparto del déficit y el Fondo de Reserva
Los servicios fundamentales se llevan más del 60% del gasto público, concentrándose el 38% en las comunidades autónomas, que tienen asumidas la mayor parte de las competencias en educación, sanidad y servicios sociales como la dependencia, y el 52% en la Seguridad Social, que se encarga principalmente de las pensiones y del seguro de desempleo. Por su parte el papel de la Administración central en la prestación de estos servicios básicos es complementario, y su gasto directo es mucho menor que el de las comunidades autónomas o la Seguridad Social.

Si entre 2003 y 2009 el gasto en estas funciones de las comunidades y el de la Seguridad Social experimentó un crecimiento similar, "a partir de entonces las comunidades iniciaron un periodo de ajuste que les retrotrajo a los niveles de gasto corriente en servicios públicos fundamentales de 2007. Por el contrario, la Seguridad Social salvaguardó su gasto en servicios públicos fundamentales e incluso lo incrementó en los años de recesión económica, evitando afortunadamente un ajuste de las pensiones".

De este modo, según se cita, "la Seguridad Social logró proteger los servicios públicos fundamentales gracias a la mejor evolución de sus ingresos basados en las cotizaciones sociales, un reparto del déficit entre niveles de gobierno más favorable a las administraciones centrales, que ha facilitado a la Administración central transferir importantes recursos a la Seguridad Social en los últimos años, y el recurso al Fondo de reserva de la Seguridad Social acumulado en los años de bonanza".

Diferencias de gasto entre comunidades de casi 1.000 euros
Pero, como certifica este informe, existen también diferencias "notables" de gasto en servicios públicos fundamentales entre las distintas comunidades autónomas. Así, se comprueba que en el periodo 2009-2015, las diferencias de gasto por habitante de las comunidades autónomas se aproximan a los mil euros per cápita, estando a la cabeza las comunidades forales, con un promedio per cápita para el periodo que supera los tres mil euros (Navarra, 3.196 euros, y País Vasco. 3.138 euros), frente a los 2.203 euros de Baleares. Sin embargo, las diferencias entre las comunidades de régimen común también son elevadas, superando los 500 euros por habitante (a la cabeza Cantabria, con 2.786 euros, y por la cola Baleares, con 2.203 euros).

"La Comunitat Valenciana, con un gasto per cápita de 2.302 euros se sitúa un 6% por debajo de la media de todas las comunidades y un 4% por debajo de la media de las de régimen común, encontrándose muy alejada de las comunidades más beneficiadas por ambos sistemas de financiación", señala el documento. En concreto, la Comunitat se sitúa, como consecuencia de la infrafinanciación, a 140 euros per cápita de la media de las comunidades (a 95 de las de régimen común) y a más de 800 euros de las forales.

"Las comunidades de régimen foral -continúa el documento-, que han contado con más recursos del sistema de financiación, han gastado más en servicios públicos fundamentales por habitante ajustado. La Comunitat Valenciana se ha situado por debajo de la media en recursos por habitante ajustado y su gasto en servicios públicos fundamentales por unidad de necesidad también ha sido inferior a la media".

El menor ajuste experimentado por las comunidades forales (un 10,6%) ha incrementado además la brecha existente entre éstas y las de régimen común, que en 2015 alcanzaba el 33%. De este modo, el gasto de las forales tras los ajustes supera al máximo alcanzado por las comunes antes de los ajustes.

La tercera con mayor esfuerzo para garantizar los servicios
La insuficiencia global de las comunidades se ha traducido en la necesidad de éstas de dedicar un mayor porcentaje de sus recursos a los servicios públicos fundamentales, en detrimento del resto de funciones. En concreto, en 2015 las comunidades tuvieron que dedicar el 73,9% de sus ingresos no financieros a estas funciones, mientras que antes de la crisis el esfuerzo financiero en estos servicios era del 68%.

"Aunque las comunidades han ajustado sus gastos en servicios públicos fundamentales en el último periodo, para protegerlo por tratarse de servicios que la población considera prioritarios, han debido dedicar una parte mayor de sus recursos a esos servicios". Por esta razón, el resto de servicios prestados por las comunidades, como son los servicios económicos, I+D+i, vivienda o cultura, lo han perdido y han sufrido ajustes más severos".

La prioridad de los servicios públicos fundamentales para las comunidades se refleja en que las cuentas con menos recursos dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a esos servicios, ajustando más el resto de funciones. "La Comunitat Valenciana dedicaba en 2015 el 79,8% de sus ingresos no financieros a los servicios públicos fundamentales, un porcentaje mayor que el de 2007 (entonces era del 70,3%) y entre un 8% y un 20% superior al de las comunidades con mayores ingresos", indica el documento.

Nivel de gasto y Fondo de Reserva
El informe concluye que "es necesario que la reforma del sistema de financiación proporcione un nuevo acuerdo sobre qué volumen de recursos considera suficiente para garantizar la prestación de servicios del estado del bienestar y cubrir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas en servicios públicos fundamentales".

"Puesto que no es posible evitar la existencia de incertidumbre en la evolución de los ingresos asociada al ciclo económico, para favorecer la suficiencia de esos recursos a lo largo del tiempo es conveniente, además, establecer las reglas de gasto prudentes y crear fondos de reserva que permitan prestar de manera estable los servicios fundamentales, evitando ajustes traumáticos en educación, sanidad o servicios sociales como los de estos años".