Català: “Oltra ha consolidado el modelo de accesibilidad que los grupos del Botànic condenan”
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular Maria José Català ha señalado que "Oltra ha consolidado el modelo de accesibilidad que los grupos del Botànic condenan y no se ha acreditado en la Comisión trato de favor a las adjudicatarias por parte del anterior Consell".
Los diputados del Grupo Popular que han participado en la Comisión han comparecido esta mañana en rueda de prensa y han lamentado que el grupo Popular ha sido excluido y no ha sido convocado para elaborar las conclusiones incumpliendo el plan de trabajo, con una ausencia total de consenso.
María José Català ha señalado que "las conclusiones de los otros grupos son una causa general basada en simples conjeturas. Son premisas prejuzgadas de antemano. Ahora sabemos que lo único que les importaba era montar el espectáculo con esa Comisión y tratar de sacar rédito político actuando con ánimo revanchista, aunque la credibilidad del resto de grupos es nula porque solo quieren fiscalizar la labor de anteriores ejecutivos pero se oponen cuando se trata de fiscalizar al Consell actual".
Por su parte la portavoz de Justicia del GPP, María José Ferrer San-Segundo ha indicado que la propuesta de dictamen de la UTE parlamentaria que forman el resto de grupos en la Comisión es inconsistente y con falta de rigor, y ha anunciado la presentación de un voto particular caso de no prosperar el dictamen del grupo Popular. "Se oculta deliberadamente que hay un archivo de la Fiscalía por estos mismos hechos. Hubo una denuncia a la fiscalía formulada por una diputada de IU, y que se archivó, en enero de 2015, diciendo que hay una ausencia de hechos. Por tanto cuando los grupos que sustentan al Titànic piden la creación de esta comisión ya sabían de este archivo, pero lo han ocultado, y para nosotros eso es incurrir en mala fe, no solo parlamentaria sino ante toda la sociedad, a la que le dan unas conclusiones que ya nacen absolutamente sesgadas. Sin embargo, el texto del GPP es más razonable, concreto y riguroso porque recoge de verdad lo que está en el expediente y las declaraciones de los comparecientes".
Ferrer San-Segundo también ha indicado que en esta comisión" han pasado más de 70 personas, entre ellos funcionarios actuales de la administración, y nadie ha dicho que hubiera sentido presiones ni que hubiera observado trato de favor hacia alguna empresa. Esta es una conclusión fundamental que tampoco nombran los grupos que sustentan al Botànic".
Además, la diputada ha señalado que "PSPV, Compromís y Podemos hablan de un contubernio, pero la relación entre el Consell del PPCV y las empresas de Savia fue de continua tensión y enfrentamiento judicial, y si hubiera habido contubernio ese enfrentamiento no se hubiera producido".
Por último, Ferrer San-Segundo también ha denunciado la ocultación de un informe jurídico por parte de la Conselleria de Oltra. "Se trata de un informe jurídico donde no se ponía ningún reparo a los adjudicatarios. Nosotros dijimos que ese informe existía y la Conselleria decía que no lo encontraba. Cuando lo denunciamos tardaron tres días en encontrarlo. Es una ocultación maliciosa y hay un responsable político: Mónica Oltra".
María José Català ha indicado que "la vicepresidenta Oltra continúa adjudicando contratos de accesibilidad y ha adjudicado servicios de distintos municipios a empresas del mal llamado modelo Cotino, es decir, descarta cualquier tipo de connivencia entre las mismas y antiguos cargos del Partido Popular. Oltra ha consolidado el modelo de accesibilidad, que ha pasado de mal nombrarse "Modelo Cotino" a "Modelo Oltra". Además, Oltra tampoco ha adoptado las medidas reivindicadas por la patronal AERTE para reducir con celeridad el segundo tercio de plazas de accesibilidad propiciado por la interpretación dada a la cláusula de accesibilidad del contrato del año 2001; avalando de esta forma la interpretación dada por la administración previamente a la aprobación de la Ley de Emprendedores en el año 2013, a partir de la cual no podría aplicarse dicha cláusula, lo que motivó el expediente de revisión de oficio instado por el gobierno del Partido Popular en la última legislatura".
Por último Català ha manifestado que "Oltra no gestionar. El concurso público de 3.300 plazas anunciado a finales del año 2015 aún está pendiente de una adjudicación definitiva lo que está ocasionando graves perjuicios a las empresas del sector. Por otro lado, la adjudicación provisional de este concurso apunta a que van a resultar adjudicatarias de forma mayoritaria las empresas que han desarrollado el del modelo de accesibilidad, aproximadamente en un 70% de las plazas".
