La Universitat Jaume I suspende el expediente por acoso a la espera de su resolución judicial
La Universitat Jaume I de Castellón ha resuelto suspender temporalmente el expediente disciplinario contra el profesor Juan Bisquert por un presunto acto de acoso tras la decisión de la demandante, la investigadora Sara Gómez Miralles, de interponer una denuncia por estos mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón. La decisión ha sido comunicada a las partes y al juez decano de Castellón, José Luis Conde-Pumpido, solicitándole asimismo información sobre el desarrollo del procedimiento judicial que se derive.
La decisión de la Universitat Jaume I tiene por objeto cumplir con la más estricta legalidad y por ello la resolución del rector se fundamenta en el artículo 23 párrafo segundo del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, que establece que “cuando se trate de hecho que pudieran ser constitutivos de algunos de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes y de los delitos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos, tipificados en los títulos II y VII del Libro Segundo del Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial”, así como en la doctrina del Tribunal Constitucional que establece el principio de subordinación de la actuación sancionadora de la Administración a la actuación de los Tribunales de Justicia, por lo que impide actuar a aquélla mientras no lo hayan hecho los segundos.
La Universitat Jaume I expresa su máximo respeto a los derechos de las partes implicadas en este procedimiento, así como su más absoluta neutralidad, por lo que entiende que la decisión más acertada en este momento en el que los hechos anteriormente citados están siendo objeto de conocimiento por los tribunales es suspender temporalmente toda actuación administrativa y condicionar su continuidad a las decisiones judiciales que se adopten.
