Ros traslada al CERMI la protesta de los ciudadanos discapacitados tras la decisión del Ayuntamiento de cobrar el trasporte adaptado
La diputada en el Congreso, Susana Ros, ha trasladado el malestar de los ciudadanos discapacitados y de sus familiares al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) después de que el Ayuntamiento de Castelló creara el pasado 15 de junio un nueva tasa para el transporte adaptado. Para Ros, "no se puede consentir que los usuarios deban pagar ahora por su condición física o psíquica cuando no tienen alternativa y hacen uso de este servicio de movilidad por necesidad". La diputada ha explicado que "el Ayuntamiento recaudará 19.000 euros a costa del bolsillo de 228 usuarios, de los que solamente dos personas tienen trabajo". El pago de este servicio oscila entre los tres euros por uso esporádico dentro del municipio, y los 15 para algunos trayectos ocasionales, y hasta una cuota mensual de 60 euros.
Según Ros, "la discapacidad no puede ni debe ser un obstáculo para que se tenga una vida de calidad. Nuevamente el PP ha abandonado a su suerte a colectivos, personas y familias que más necesitan del Gobierno y de los servicios públicos, en épocas de dificultad económica". En este sentido, la diputada socialista ha explicado que en los primeros presupuestos, "el PP ha hecho desaparecer casi 2 millones de euros para la atención a personas con discapacidad, y se ha recortado el cien por cien del Plan de Acción para personas con discapacidad".
La diputada por Castelló ha insistido en que "queremos un modelo de sociedad para nuestro país en el que todos los ciudadanos, con independencia de las características familiares, del nivel socioeconómico, del sexo, de la orientación sexual, de las capacidades físicas o psíquicas, de su origen étnico, se encuentren en condiciones de desarrollar su vida con libertad, sin más condicionantes que las propias decisiones individuales".
