Toledo: “La dimisión de Enric Nomdedéu no debe esperar a su declaración ante el juez el 12 de enero por dignidad, ética y responsabilidad”
“No han dejado de negar la mayor, pero las pruebas y los testimonios confirman lo que es evidente, que se utilizó el servicio de envío postal del Ayuntamiento para enviar su propaganda electoral a costa del dinero de todos los castellonenses"
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, se ha pronunciado respecto al auto del Juzgado de Instrucción Nº2 de Castellón, que ha fijado el inicio del juicio del ‘caso de los sobres’ para el próximo 12 de enero, mediante jurado popular. “La dimisión de Enric Nomdedéu no debe esperar a su declaración ante el juez el 12 de enero por dignididad, ética y responsabilidad. Y por coherencia con lo que él mismo ha exigido e incluso ha firmado ante un notario, es hora de que deje su cargo público y deje de ensuciar las instituciones públicas con la más mínima sospecha de corrupción”, señala.
Sergio Toledo se ha pronunciado así después de que se haya conocido el auto judicial que insiste en que “los hechos narrados pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de falsedad documental”, ambos recogidos en el Código Penal. Por este motivo, el Juzgado de Instrucción Número 2 sentará en el banquillo como procesados a los dos vicealcaldes del Ayuntamiento de Castellón de Amparo Marco, Enric Nomdedéu y Ali Brancal, como responsables de haber utilizado el servicio postal del Ayuntamiento, y por tanto, con cargo al erario público de todos los castellonenses, para enviar su propaganda y papeletas de la candidatura de Compromís durante los comicios europeos del año 2014. También tendrán que declarar el que fuera asesor del grupo municipal en aquel momento, Miquel Torres.
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, recuerda que quienes presumen de transparencia “no han dejado de poner trabas durante todo el proceso de investigación. Desde el PP pusimos en conocimiento de la Justicia unos hechos que pensamos que son constitutivos de delito y así lo ha entendido el tribunal en todas y cada una de las veces que Nomdedéu y Brancal han intentado bloquear la investigación ante un posible caso de malversación de fondos públicos y falsedad documental. Llegados a este punto, a Nomdedéu solo le queda dimitir de su cargo actual al frente de la Secretaría Autonómica de Empleo de la Generalitat, tal y como él mismo prometió que haría si llegaba el caso, que ya ha llegado”.
“No han dejado de negar la mayor, pero las pruebas y los testimonios confirman lo que es evidente y ha quedado constatado: que se utilizó el servicio de envío postal del Ayuntamiento para enviar su propaganda electoral a costa del dinero de todos los castellonenses. Y a pesar de todo, la Justicia entiende que hay indicios de delito y los ha sentado en el banquillo de los acusados en un juicio que será con jurado popular. Es hora de que empiecen a dar las explicaciones que los castellonenses merecen”, subraya.
Pese a todo, Enric Nomdedéu ni ha dimitido de su cargo público que ostenta en la Generalitat, ni tampoco lo ha destituido el presidente Ximo Puig, ni su compañera de filas Mónica Oltra que lo mantienen en el cargo, demostrando una vez más la doble vara de medir de la izquierda cuando las cuestiones judiciales les afectan a ellos”, subraya Toledo.
Cabe recordar que la juez que instruye el caso dio por buenas las conclusiones de la Audiencia Provincial y, tras escuchar a los testigos, afirmó que “del resultado de las referidas diligencias resultaría que no se desvirtúan los indicios de participación de los investigados en los delitos imputados en los términos argumentados por el auto de la Audiencia Provincial y por la acusación”, que a su vez ya afirmaba que “de la instrucción seguida” existen “suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación de los investigados Enric Nomdedéu, Ali Brancal y Miquel Torres en la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos objeto de este procedimiento”.