Los socialistas reclaman una respuesta unitaria del Ayuntamiento de Castellón contra el copago en los Servicios Sociales
“La Administración debe gestionar las prioridades sociales y debe hacerlo con criterios de justicia”, dice la concejala Inmaculada Enguídanos
Los socialistas de Castellón confían en que el pleno del Ayuntamiento de Castellón sea “sensible” a las demandas de los ciudadanos afectados por el copago impuesto por la Generalitat a determinados servicios sociales y de la dependencia y vote a favor de la declaración institucional para exigir a la Generalitat la derogación del decreto que establece el copago.
“La Administración está para gestionar las prioridades sociales y para hacerlo con criterios de justicia”, afirma la concejala Inmaculada Enguidanos, quien alerta del “daño social” que se causará a los colectivos más vulnerables de Castellón. “Los socialistas nos oponemos a las medidas que reducen la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, que son las que más necesitan la ayuda de todos”, afirma.
El decreto 113/2013 establece el régimen y las cuantías de los precios públicos aprobados por el Gobierno valenciano en el ámbito de los servicios sociales, que ha supuesto extender el copago a personas con capacidades diferentes no dependientes, que necesitan recurrir a residencias, centros de día y de noche, teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, centros de rehabilitación e integración social y viviendas tuteladas.
“La aplicación de este decreto está siendo un nuevo mazazo para las personas con capacidades diferentes y las personas en situación de dependencia al aplicarles más copagos y poner en riesgo las prestaciones sociales que perciben de la administración pública”, indica Enguídanos. “El retroceso en derechos sociales es enorme y los efectos que causarán estas medidas son todavía impredecibles”.
Los socialistas consideran que las resoluciones dictadas por la Dirección General de las Personas con Discapacidad y Dependencia durante los últimos meses están demostrando que la aplicación de este decreto ha puesto en riesgo el actual sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana. En ese sentido, reclaman también la anulación de las resoluciones dictadas por el Consell a partir del citado decreto.
