Los socialistas de Castellón piden que la oposición asista al organismo que adjudica los contratos municipales
Peris aboga por la incorporación de más técnicos para evitar la mayoría política
El concejal de Economía del grupo socialista, Javier Peris, propone cambios en la contratación de obras y servicios públicos municipales con el objetivo de implantar más criterios de transparencia. En ese sentido, ha solicitado al equipo de gobierno que permita la presencia de concejales de la oposición en la Mesa de Contratación Permanente por la que se decide la adjudicación de gran parte de los contratos municipales.
“El Ayuntamiento debe tener paredes de cristal para que todos los ciudadanos sepan cómo se gestiona el dinero de sus impuestos. La oposición, como representante de los castellonenses en la institución municipal, también tiene derecho a velar por los intereses de todos”, explica Peris. La iniciativa ha prosperado en numerosos ayuntamientos e incluso ha sido acordada en la Diputación de Castellón.
En la actualidad, en la Mesa de Contratación Permanente están presentes por decreto del alcalde tres concejales del equipo de gobierno, el de Contratación y Patrimonio, la delegada de Gente Mayor y el concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, además de dos técnicos: el Interventor y la titular de la Asesoría Jurídica. La mayoría recae en el equipo de gobierno.
Peris propone que desaparezca la mayoría de marcado carácter político, que se incluyan otros dos técnicos municipales: el responsable del departamento de Contratación y el de Obras, y un concejal, elegido por los grupos políticos no integrados en el equipo de gobierno municipal. Además, propone la salida de dos concejales del equipo de gobierno. En ese caso, la mesa estaría conformada por cuatro técnicos y dos políticos.
“Con estos cambios, se incrementarán el principio de transparencia y las garantías de economía, publicidad y libre concurrencia”, señala Peris. En su opinión, se evitaría además los informes críticos de la Intervención, como los emitidos en los últimos tiempos por la parcialización de contratos irregulares y las contrataciones de obras que vulneran la Ley de Contratos de la Administración Pública. El último informe de la ONG Transparencia Internacional situó a Castellón en el puesto 85 (sobre un total de 99) en lo que respecta a la contratación de servicios.