Sales: “Quienes han estado obstaculizando la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias ahora tienen prisa por liquidarla para que no coincida con las próximas elecciones”

La Comisión de Investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local, ha aprobado hoy el calendario de las comparecencias de los testigos que se iniciarán el 7 de septiembre y finalizarán el 15 de octubre. Tendrán un carácter semanal siendo agrupadas en bloques según sean funcionarios, políticos y las propias empresas.

A tenor del rifirrafe que se ha producido a la hora de acordar las fechas, del grupo socialista ha intentado forzar una votación queriéndose saltar a la torera el acuerdo inicial que se acordó entre los miembros de la comisión de investigación para aprobar todo por consenso, el concejal representante del Grupo Municipal Popular en la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias, Vicent Sales, ha querido destacar que “quienes han estado obstaculizando la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias, especialmente el grupo socialista, parece ser que ahora les han entrado las prisas por liquidarla cuanto antes porque no quieren que se dilate y coincida con las próximas elecciones”.

Además, el concejal Popular ha solicitado a la presidencia de la comisión que que las comparecencias de los testigos se celebren en el Ayuntamiento y no en el salón de actos del edificio Menador como se pretende. “Exigimos que la Comisión de Investigación sobre presuntas irregularidades en la Sala de Emergencias tenga el mismo tratamiento que las dos comisiones de investigación que se han desarrollado anteriormente en el Ayuntamiento de Castellón, en una de ellas los comparecientes acudieron a la Sala de Juntas y en la otra al Salón de Plenos del Palacio Municipal”, apunta el concejal Popular Vicent Sales.

El calendario de las comparecencias de los testigos queda de la siguiente manera: el 7 de septiembre a las 16:30h. será el turno para el bloque de funcionarios que no tienen que ver con la prueba pericial de la Sala de Emergencias que se ha solicitado; el 17 de septiembre tendrá lugar la segunda de las sesiones programadas a las 9:30h. será el turno para los funcionarios que han tenido relación con la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias; el 24 de septiembre a las 9:30h será el turno para los mandos policiales y de bomberos y el 1 de octubre a las 9:30h. declararán los Jefes de Policía y el 8 de octubre a las 9:30h. las empresas relacionadas. Por último, el 15 de octubre a las 9:30h. comparecerán los políticos relacionados con el objeto de la investigación.

 
Cabe recordar que se investiga es si hubo irregularidades en la adjudicación de la reforma que hizo el gobierno socialista en una Sala de Emergencias de la Policía Local que lleva costados a todos los castellonenses 1,5 millones de euros, sin que haya unificado servicios de Policía Local, Bomberos y Control de Tráfico como exigía el contrato, y sigue sin funcionar como debería.
Cabe recordar que el Ayuntamiento encargó las bases del contrato de reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local a una empresa con sede en El Escorial, sin indicio de actividad y, posteriormente, se ha sabido que la compañía que ganó el concurso también tiene la sede en el mismo municipio madrileño de El Escorial.

El Grupo Municipal Popular ha presentado una relación de 22 testigos que deberán ser llamados a declarar para arrojar luz sobre el proceso de adjudicación que se hizo. La alcaldesa Amparo Marco consta en el listado que también  recoge otros nombres de cargos públicos como el exconcejal de Policía, Omar Braina, y el actual concejal del área, David Donate; el que fuera concejal de Ordenación, Territorio, Patrimonio y Contratación en el momento de la adjudicación de la sala de la Policía Local, Rafa Simó; el concejal de Movilidad, Jorge Ribes y también el que fuera 2º Teniente de Alcalde, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco en aquel momento.    

Además, los Populares solicitan la realización de pruebas periciales que certifiquen que el equipamiento de dicha sala y los servicios que presta en materia de seguridad y emergencias se correspondían, en el momento en que fue recepcionada, con el pliego de prescripciones técnicas fijadas en el objeto del contrato. Del mismo modo, proponen la realización de prueba pericial que certifique desde su recepción hasta hoy cuantas inversiones y actuaciones complementarias se han llevado a cabo.

“Todavía hoy no sabemos lo que se recepcionó aquel 17 de abril del 2017 porque las cámaras que en teoría deberían haber servido para grabar a los asaltantes de la azotea del Ayuntamiento en la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, ni siquiera estaban instaladas. Y para colmo la alcaldesa sigue gastando dinero en una Sala de Emergencias que desde 2017 incumple el objeto del contrato”, recuerda el edil del PP.

Siguiendo la cronología en 2017 se dijo que hacía falta sacar otro contrato además del de 600.000€ para el software o cerebro informático de la Sala, “cosa que en absoluto era cierto cuando se licitó en el primer contrato, para lo cual se contrató a una empresa con apariencia de ser fantasma (Alt 165), sin personal ni actividad económica conocida, ubicada en el mismo municipio, San Lorenzo del Escorial, que la empresa que acabó llevándose el contrato (Eurocop)”, añade.

Es entonces cuando se ejecuta un segundo contrato, el del software, que no estaba contemplado en el contrato inicial y que después ha sido objeto por dos veces de resoluciones contrarias a la acción del gobierno municipal en los tribunales de arbitraje contractual. En un principio se le adjudicó a la misma empresa que inicialmente se había llevado los 4 lotes del contrato inicial (Eurocop), aunque debido a un recurso, perdió uno de los lotes. Y este segundo contrato que también se le adjudicó, fue recurrido por otra empresa, que ganó el recurso en los tribunales; el Ayuntamiento decidió suspender entonces el concurso. Y finalmente y ante un nuevo recurso, se le ha tenido que adjudicar a una empresa diferente.

Llegados a este punto la Comisión deberá esclarecer por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido y lo que es más grave, por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestaciones del mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017’.