Sales: “Después de tanta obstrucción, al PSOE le entran las prisas por zanjar la comisión que investiga supuestas irregularidades en la Sala de Emergencia”

La Comisión de Investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local, ha perfilado hoy aspectos del protocolo para el desarrollo de las comparecencias y demás medios de prueba, a fin de empezar a llamar a los testigos. El concejal represente del Grupo Municipal Popular en dicha investigación, Vicent Sales, confía en que la semana que viene se acabe de concretar este formalismo y “ya estaremos en disposición de empezar a obtener respuestas que arrojen luz ante tanta incertidumbre, a pesar de que todavía no nos ha sido entregada toda la documentación requerida”, explica Sales.    

“Hemos detectado que ahora le han entrado las prisas a los miembros del PSOE, por quietarse de encima cuanto antes la comisión de investigación y que tienen mucho interés en que empiecen las comparecencias de los testigos al margen de la peritación de la Sala de Emergencias, pero consideramos que las cosas hay que hacerlas bien, las prisas no son buenas consejeras y más aún después de tantos meses de paralización y obstrucción por su parte”, añade el concejal Popular.

“Lo que se ha puesto en entredicho y esta comisión de investigación trata de averiguar es si la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local se hizo acorde a la ley. Llevamos muchos meses de retraso para conocer la verdad sobre la gestión que hizo el gobierno socialista en una Sala de Emergencias que lleva costados 1,5 millones de euros y no funciona como debería. No tiene unificados los servicios de Policía Local, Bomberos y control del Tráfico, como fijaba el objeto del contrato y cuya adjudicación a una empresa de Madrid sigue generando muchas sospechas. Pedimos que se avance, que la Comisión que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias retome la velocidad de crucero y que no la suelte porque justo ahora que es cuando se reactiva vamos de cara al verano, fechas donde la actividad municipal se relaja”, explica Sales.

La comisión ha establecido que en primer lugar sean llamadas a declarar las personas cuya opinión sea independiente y no influya para nada en el informe pericial que se ha de realizar en la Sala de Emergencias y después se llame a los comparecientes que han tenido relación directa durante el periodo de la elaboración del pliego y posteriormente en la adjudicación definitiva de la reforma, que declararían con posterioridad a realizar el peritaje de la Sala.

Cabe recordar que el Ayuntamiento encargó las bases del contrato de reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local a una empresa con sede en El Escorial, sin indicio de actividad y, posteriormente, se ha sabido que la compañía que ganó el concurso también tiene la sede en el mismo municipio madrileño de El Escorial.

Cabe recordar que el Grupo Municipal Popular ha presentado una relación de 22 testigos que deberán ser llamados a declarar para arrojar luz sobre el proceso de adjudicación que se hizo. La alcaldesa Amparo Marco consta en el listado que también  recoge otros nombres de cargos públicos como el exconcejal de Policía, Omar Braina, y el actual concejal del área, David Donate; el que fuera concejal de Ordenación, Territorio, Patrimonio y Contratación en el momento de la adjudicación de la sala de la Policía Local, Rafa Simó; el concejal de Movilidad, Jorge Ribes y también el que fuera 2º Teniente de Alcalde, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco en aquel momento.    

Además, los Populares solicitan la realización de pruebas periciales que certifiquen que el equipamiento de dicha sala y los servicios que presta en materia de seguridad y emergencias se correspondían, en el momento en que fue recepcionada, con el pliego de prescripciones técnicas fijadas en el objeto del contrato. Del mismo modo, proponen la realización de prueba pericial que certifique desde su recepción hasta hoy cuantas inversiones y actuaciones complementarias se han llevado a cabo.

”Esperamos que a partir de ahora la Comisión de Investigación no se vea paralizada por más contratiempos y que pueda avanzar a buen ritmo atendiendo así a la gravedad que el  asunto requiere. A día de hoy no se ha facilitado toda la documentación que se ha requerido, seguimos sin tener respuesta de las principales incógnitas que nos llevan a pensar en presuntas irregularidades en la contratación de una reforma de una Sala de Emergencias que arroja más sombras que luces”, insiste Vicent Sales.

Y reitera su convencimiento de que los castellonenses merecen respuestas, “saber a qué se destina su dinero”. “Todavía hoy no sabemos lo que se recepcionó aquel 17 de abril del 2017 porque las cámaras que en teoría deberían haber servido para grabar a los asaltantes de la azotea del Ayuntamiento en la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, ni siquiera estaban instaladas. Y para colmo la alcaldesa sigue gastando dinero en una Sala de Emergencias que desde 2017 incumple el objeto del contrato”, recuerda el el edil del PP.

Siguiendo la cronología en 2017 se dijo que hacía falta sacar otro contrato además del de 600.000€ para el software o cerebro informático de la Sala, “cosa que en absoluto era cierto cuando se licitó en el primer contrato, para lo cual se contrató a una empresa con apariencia de ser fantasma (Alt 165), sin personal ni actividad económica conocida, ubicada en el mismo municipio, San Lorenzo del Escorial, que la empresa que acabó llevándose el contrato (Eurocop)”.

Es entonces cuando se ejecuta un segundo contrato, el del software, que no estaba contemplado en el contrato inicial y que después ha sido objeto por dos veces de resoluciones contrarias a la acción del gobierno municipal en los tribunales de arbitraje contractual. En un principio se le adjudicó a la misma empresa que inicialmente se había llevado los 4 lotes del contrato inicial (Eurocop), aunque debido a un recurso, perdió uno de los lotes. Y este segundo contrato que también se le adjudicó, fue recurrido por otra empresa, que ganó el recurso en los tribunales; el Ayuntamiento decidió suspender entonces el concurso. Y finalmente y ante un nuevo recurso, se le ha tenido que adjudicar a una empresa diferente.

Llegados a este punto la Comisión deberá esclarecer por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido y lo que es más grave, por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestaciones del mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017’.