Los representantes políticos coinciden en la necesidad de disminuir el gasto farmacéutico pero proponen distintas medidas para hacerlo
Los tres portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que han participado en la segunda sesión del curso de verano sobre medicamentos organizado por la Universitat Jaume I de Castelló han estado de acuerdo en qué es necesario racionalizar el gasto público en sanidad, pero se han mostrado discrepantes en la forma de abordarla.
En la primera intervención, el portavoz del grupo parlamentario popular, Manuel Cervera, ha asegurado que “todavía hay margen de mejora para disminuir el gasto farmacéutico, pero que es necesaria mucha coordinación, a través del Ministerio de Sanidad, para conseguir un mayor ahorro”. Cervera ha afirmado que hasta ahora no se había planteado una política común a nivel farmacéutico que dotara las comunidades autónomas de unas herramientas legales para promover la contención y que se tienen que promover iniciativas como la planteada por el anterior gobierno socialista de centralizar la compra de las vacunas de la gripe.
“Las últimas medidas adoptadas –ha comentado- permitirán disminuir el gasto alrededor del 15% y en la Comunidad Valenciana se bajará en 2 años y medio, cerca de 450 millones de euros”. El ex consejero de Sanidad valenciano ha insistido en el hecho que hay que vigilar el gasto, pero también el número de recetas, por eso “es necesario trabajar por que los facultativos hagan prescripciones adecuadas a cada paciente dentro del binomio coste/beneficio”.
El portavoz del grupo socialista en la misma comisión, José Martínez Olmos, ha asegurado que “el sistema es sostenible, siempre que el dinero que se ahorre o que se obtenge de más se vuelva a reinvertir en sanidad, aumentando los presupuestos en este ámbito”, pero que “esto no ocurrirá, y sino –ha pedido al público- comparen los presupuestos sanitarios de su comunidad autónoma para 2013 con los de 2012”. El representante socialista se ha mostrado preocupado por la pérdida de garantía universal y en cómo afectará esto a determinados sectores de la población.
Martínez Olmos ha defendido un modelo sanitario financiado por impuestos y propone como alternativas la subasta de medicamentos, que permitiría ahorrar un 1.500 millones de euros anuales, o conseguir ingresos finalistas con la subida de los impuestos del tabaco y del alcohol. En su opinión, el decreto promulgado por el anterior gobierno socialista (RD 9/2011) incluía medidas más efectivas como el seguimiento de los pacientes crónicos polimedicados, la libertad profesional de prescripción o la adecuación de la cantidad de medicación para cada paciente.
Por último, el diputado de Esquerra Unida, Gaspar Llamazares, quien ha hablado sobre el "Riesgo de inequidad en el SNS con las nuevas medidas legislativas" ha asegurado que “pese a que no habían muchas estadísticas sociales” se podía deducir claramente que estas medidas comportarían un aumento en las listas de espera y en la desocupación en el sector sanitario y que la crisis había influido ya en aspectos como la esperanza de vida, que había bajado en el periodo de 2011-2012.
El portavoz de EU en la comisión de sanidad ha asegurado que el RD 16/2012 es un decreto que cuestiona el modelo de la seguridad social y que “es una ofensiva privatizadora contra el sistema público”, que “incorpora el impuesto de enfermedad, excluyendo a ciertos colectivos como las personas inmigrantes sin papeles, o incluye una cartera diferenciada de servicios, que perjudicará la equidad existente hasta ahora”. Además, ha criticado el próximo listado de medicamentos excluidos, porque “no se ha hecho un estudio coste/efectividad, sino que se han quitado grupos de medicamentos completos, y unos de los colectivos más perjudicados por la medida serán las mujeres”.
