Redondo denuncia que el gobierno municipal encarece el servicio de cementerio municipal
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, denuncia que el gobierno municipal, que aseguró que no subiría los impuestos, incrementa ahora el servicio de cementerio municipal, de manera que “hasta morirse resulta más caro en la ciudad de Castellón”, señala. Una subida que recoge la ordenanza que regula las nuevas tarifas del servicio de cementerio municipal que será sometida a su aprobación el próximo pleno ordinario de noviembre, el próximo jueves.
Dicha ordenanza recoge una subida del 2,9% con respecto a las tarifas actualmente en vigor, de manera que el entierro en un nicho o en sepultura verán incrementados su coste, también las incineraciones o el traslado de restos de un cementerio a otro. Redondo afea al equipo de gobierno municipal que pese a contar con un Remanente de Tesorería Positivo para Gastos Generales por la cuantía de 10.467.689,34 “siga incrementando los gastos derivados del sepelio, aumentando la presión fiscal que en 2018 se situaba en 718 euros por habitante, siendo de las más elevadas en el territorio nacional, sólo superada por Madrid. Una cifra muy alejada de los índices de 2014 (la presión fiscal era de 677 euros por persona) y de 2015 donde la presión fiscal por habitante era de 698 euros”.
El edil popular insiste, “no cuestionamos que la nueva ley obligue a activar una ordenanza, ni los legítimos derechos de la empresa concesionaria, lo que no compartimos es que el aumento del coste del servicio vaya a cuenta de de los usuarios y no de las arcas públicas a pesar de tener unos excedentes inmensos”.
Cabe recordar que los populares ya denunciaron el mes pasado el incremento de la tarifa del agua. En el 2020 los castellonenses pagarán más tras ser aprobada una subida de esta cuota que afectará de manera muy notable a las nuevas altas, con incrementos que llegan hasta los 210 euros. Las nuevas tarifas recién aprobadas por el equipo de gobierno, el pasado 31 de octubre, implican un incremento de cuota del 0,27% sobre los precios actuales. Las subidas más importantes están relacionadas con los derechos de enganche, que pasan de 89,4 euros a 134,5 euros en el casco urbano, es decir pagarán 45 euros más; de 176,6 a 265,6 euros en el ensanche, suponiendo un incremento de 89 euros más, y de 420,1 a 631,9 euros en la Playa del Pinar.
Para Redondo lo peor de todo es que “el gobierno municipal que se hace llamar de las personas, porque iba a primar su bienestar, resulta que sigue friendo a impuestos a los castellonenses, priorizando otras cosas, pero no la bajada de tasas”. Desde el Grupo Municipal Popular ya propusieron a la alcaldesa, Amparo Marco, en el pasado pleno –vía iniciativa plenaria en forma de moción, que no consiguió salir adelante-, una rebaja de la presión fiscal sobre los ciudadanos, “ajustando la recaudación en materia de impuestos y tasas a los gastos reales de funcionamiento del Ayuntamiento, porque Castellón es la segunda ciudad española que más IBI cobra después de Madrid, sin que ello revierta en mejores inversiones y servicios públicos para la ciudad”, recuerda Redondo.
Según el informe Panorama de la Fiscalidad Local 2018 del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), del Consejo General de Economistas de España, Castellón de la Plana es la segunda capital de provincia que más recauda por el Impuesto de Bienes Inmuebles, con 419,8 euros por habitante, solo superada por Madrid, con 428,9 euros por habitante. Situaciones similares se producen con otros impuestos, caso del Impuesto de Circulación de Vehículos o también la tasa de basuras, situadas entre las más altas de España. Para el edil popular “a una elevada recaudación debería acompañarle más inversión y mejores servicios para la ciudadanía, pero el gobierno municipal no revierte este dinero en la ciudad y cierra cada año con elevados porcentajes del presupuesto sin ejecutar que acaban enterrados en los bancos”.
