Puerta censura que el alcalde gaste 60.000 euros en un nuevo coche oficial cuando miles de familias no tienen ni para comer

La concejala socialista Patricia Puerta censura la “falta de sensibilidad social” del alcalde, Alfonso Bataller, por adquirir un nuevo coche oficial “cuando miles de familias castellonenses no saben cómo llegar a fin de mes, el Ayuntamiento ha subido el IBI y el resto de tasas locales, y el Gobierno central castiga a la ciudadanía con más IVA e incrementos desaforados de la luz y el gas”.

La Comisión de Economía ha aprobado hoy el expediente administrativo para proceder al arrendamiento, por el sistema de renting, de un nuevo vehículo para el alcalde, que tendrá un coste de 59.822 euros durante los próximos cuatro años. Se trata de un vehículo de alta gama, turbodiésel, de 215 cv, tapicería de cuero, sistema de navegación GPS, climatizador bizona, bluetooth con manos libres y radio CD/USB.

Puerta censura esta actitud del alcalde, cuando “Bataller es incapaz de hacer frente a la crisis y tiene el Ayuntamiento intervenido por el Gobierno y tutelado por la Generalitat”. Además, la concejala socialista recuerda el “impacto traumático” que tendrán los recortes aprobados por Rajoy la semana pasada en las economías domésticas y en las propias finanzas municipales. “El Ayuntamiento está en una situación crítica y este despilfarro es una demostración de insolidaridad flagrante”, dice.

El grupo socialista propuso en abril al PP que el Ayuntamiento se desprendiera de cuatro de los cinco coches oficiales utilizados por los miembros del equipo de gobierno y dedicara el dinero a la puesta en marcha de programas de empleo. Los socialistas pretendían “acabar con los privilegios de los concejales en un momento crítico para 21.000 castellonenses que están en el paro”. Los populares se opusieron.

Puerta recuerda que la Generalitat ha reducido a la mitad el parque móvil, tras poner a la venta 61 de los 112 vehículos empleados por los altos cargos. La Diputación de Valencia también está aplicando medidas para controlar el uso de los coches institucionales por parte de los diputados.