El PSPV presenta tres iniciativas al pleno que reivindican recursos por igual al Gobierno, la Generalitat y la Diputación

El grupo municipal socialista de Castellón ha presentado una batería de iniciativas para que el pleno del 25 de noviembre exija más inversiones para la capital de la Plana a todas las administraciones públicas. La propuesta trata de mejorar la delicada situación financiera del Ayuntamiento, ante el agravamiento de la deuda municipal y la nula captación de ingresos por parte del equipo de gobierno. “Castellón debe recibir ahora la solidaridad que antes ha ofrecido”, afirma al respecto la portavoz municipal socialista, Amparo Marco.

“Los ayuntamientos están en una situación financiera más que delicada. Los ingresos propios son insuficientes y la situación económica ha empeorado su tesorería”, dice Marco. “Una situación que se agrava porque, por responsabilidad y por ser la administración más cercana, se ha debido hacer frente a muchas obligaciones sobre las que los ayuntamientos no tienen competencias atribuidas legalmente ni recursos asignados”, destaca.

Marco afirma que, en las circunstancias financieras actuales, resulta difícil cumplir con la reclamación por parte del Estado de la devolución de las transferencias de más que otorgó a cuenta de los municipios los años 2008 y 2009, cuando este dinero ha sido, en la mayor parte de los casos, invertido en servicios y obras municipales. Por ello, se propone solicitar al presidente del Gobierno de España que esas puedan ser devueltas en el plazo de diez anualidades.

Otra de las iniciativas reclama a la Generalitat. El PSPV asegura que la situación de “colapso financiero” se ha alcanzado como consecuencia de la deuda histórica de la Generalitat con el mundo municipal, a cuenta del Fondo Autonómico de Cooperación municipal, prometido tantas veces y consagrado en el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía, pero nunca aplicado. En ese sentido, se solicita al Consell que se cree el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal, de carácter incondicionado, con una aportación de al menos 70 euros por habitante.

Por lo que respecta a la Diputación, se propone que el pleno de la Corporación inste a la institución provincial a reconsiderar su decisión de suprimir los Planes Provinciales de Obras y Servicios para los municipios de más de 5.000 habitantes, lo que dejaría fuera a Castellón. En ese sentido, se defiende que cuenten con una aportación y características que, como mínimo, iguale al del año anterior, con el incremento correspondiente al IPC, y que en su defecto se establezca un plan complementario que suponga que los ayuntamientos no vean disminuida la aportación provincial a la realización de obras y servicios.