El PSPV de Castelló lleva a la Fiscalía a la alcaldesa y a tres ediles por la entrega de llaves de los pisos sociales
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado esta mañana ante la Fiscalía Provincial un escrito solicitando que se proceda a abrir las diligencias oportunas para esclarecer una posible actividad delictiva de la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, y los concejales de Vivienda, Sergio Toledo; Bienestar Social, Maica Hurtado, y Familia, Alberto Vidal, al considera que estaban escenificando un acto de entrega de llaves de viviendas sociales a personas vulnerables y por darle publicidad tanto en los medios de comunicación como en las propias redes sociales del ayuntamiento y del Grupo Popular de Castellón.
Según ha explicado hoy la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, “nos encontramos aquí con dos hechos claros: la posible vulneración del derecho al honor de las familias a las que se ha concedido la vivienda social y la presunta infracción de la Ley 12/2018 del 24 de mayo de la Comunitat Valenciana, donde queda perfectamente determinado que se prohíben los actos públicos de entrega de llaves”.
La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, se reunió la semana pasada con las 10 familias adjudicatarias de los pisos sociales adquiridos por el Ayuntamiento el pasado mes de julio en el grupo Perpetuo Socorro.
Pero sobre esta cuestión, el consistorio defiende que el acto de entrega de llaves se produjo unos días antes, de forma privada y solo con la participación de los técnicos municipales, que son quienes bareman a los candidatos de la extensa lista de espera para obtener una de estas viviendas.
Así, desde el Ayuntamiento niegan que se haya incumplido la ley. “No era un acto de entrega de llaves, sino una recepción con la alcaldesa, que invitó a las familias que quisiesen a una recepción para hablar con ellas”.
El Grupo Municipal Socialista incide ante Fiscalía en que “abra la investigación oportuna y adecuada a la naturaleza de posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social creada”, designando para ello un fiscal para dirigir el procedimiento hasta su conclusión y, en su caso, “ejercitar las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas”.
Por su parte, el concejal de vivienda, Sergio Toledo, reaccionó a los ataques recordando tirando de hemeroteca y recordando cómo actuaba el pacto del Fadre: "Olvidan que el que fue concejal de Bienestar Social, José Luis López, el 19 de agosto de 2016 publico en la página del Ayuntamiento una noticia acompañada de una foto donde anunciaba haber entregado él mismo las llaves a dos familias, apareciendo en la foto incluso con menores con la cara pixelada".
Desde el PSOE recuerdan que la Ley está en vigor desde 2018, por lo que niegan que los socialistas inclumpliesen la ley con actos similares a los que aludía el PP como contrargumentación, como una visita a un piso social en 2016.