El PSPV acusa al Ayuntamiento y a la Generalitat de ocultar el informe del TVRCas para impedir el recurso de alzada
La resolución de la Dirección General de Patrimonio fue firmada el 30 de abril y sólo hay un mes de plazo para recurrirla
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, acusa al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y a la consellera de Cultura, Trinidad Miró, de “ocultar” el informe de la Dirección General de Patrimonio que autoriza el paso del bus guiado por el parque de Ribalta para impedir que se pueda presentar un posible recurso de alzada.
La resolución que autoriza la “urbanización” del Ribalta fue firmada el 30 de abril por la jefatura de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura, según ha podido saber el grupo socialista. Desde allí se remitieron copias a las partes implicadas: Ayuntamiento de Castellón, Conselleria de Infraestructuras y Dirección Territorial de Cultura en Castellón.
Juan María Calles solicitó el pasado lunes una copia en la Comisión de Desarrollo de la Ciudad al vicealcalde, Javier Moliner, quien negó que el Ayuntamiento tuviera el documento. El grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes ha hecho lo propio ante la consellera de Cultura, a través de la diputada Isabel Escudero. Por otro lado, Calles presentó el viernes una petición urgente del informe ante la Dirección Territorial de Cultura.
“El PSPV ha cumplido con su obligación de solicitar el documento en las tres instituciones competentes en la materia”, explica Calles, “y si se nos niega una copia se estará cometiendo una violación del derecho a la información que debe tener responsabilidades políticas y debería tener, incluso, consecuencias judiciales”.
La resolución emitida por Patrimonio puede ser objeto de un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Cultura en el plazo de un mes desde su notificación, según lo previsto en la Ley 4/1999 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Calles confía en que ambos organismos, el autonómico y el local, “acaten la ley y no hurten a la ciudadanía la posibilidad de enmendar las decisiones administrativas”. “El proyecto del TVRCas por el parque Ribalta ha bordeado la legalidad desde el primer momento y ahora se está confirmando, una vez más, la falta de transparencia con un proyecto que debería estar expuesto al público de forma permanente para garantizar su legalidad”, concluye.
