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El PP presenta una relación de 22 testigos para declarar en la Comisión que investiga presuntas irregularidades en la Sala de Emergencias y solicita pruebas periciales que justifiquen la inversión de 1,5 millones

El PP presenta una relación de 22 testigos para declarar en la Comisión que investiga presuntas irregularidades en la Sala de Emergencias y solicita pruebas periciales que justifiquen la inversión de 1,5 millones

    La Comisión de Investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local se ha retomado hoy tras el ciberataque al Ayuntamiento de Castellón a finales de marzo. Los concejales representantes del Grupo Municipal Popular en dicha investigación, Vicent Sales y Sergio Toledo han presentado oficialmente por escrito la propuesta de relación de 22 testigos que deberán ser llamados a declarar para arrojar luz sobre el proceso de adjudicación que se hizo. La alcaldesa Amparo Marco consta en el listado que también  recoge otros nombres de cargos públicos como el exconcejal de Policía, Omar Braina, y el actual concejal del área, David Donate; el que fuera concejal de Ordenación, Territorio, Patrimonio y Contratación en el momento de la adjudicación de la sala de la Policía Local, Rafa Simó; el concejal de Movilidad, Jorge Ribes y también el que fuera 2º Teniente de Alcalde, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco en aquel momento.     

    Vicent Sales: “Celebramos que se hayan retomado las sesiones tras el ciberataque, esperamos que el gobierno municipal no ponga más excusas para impedir avanzar en el esclarecimiento de la gestión que el gobierno socialista ha hecho en una Sala de Emergencias que lleva costados 1,5 millones de euros y no funciona como debería. No tiene unificados servicios de Policía Local, Bomberos y control del Tráfico y cuya adjudicación a una empresa de Madrid sigue generando sospechas. Cabe recordar que el Ayuntamiento encargó las bases del contrato de reforma de la sala a una empresa con sede en El Escorial, sin indicio de actividad, y posteriormente se ha sabido que la compañía que ganó el concurso también tiene la sede en el mismo municipio madrileño de El Escorial”.

    En el mismo escrito de solicitud de testificales, los Populares solicitan la realización de pruebas periciales que certifiquen que el equipamiento de dicha sala y los servicios que presta en materia de seguridad y emergencias se correspondían, en el momento en que fue recepcionada, con el pliego de prescripciones técnicas fijadas en el objeto del contrato. Del mismo modo, proponen la realización de prueba pericial que certifique desde su recepción hasta hoy cuantas inversiones y actuaciones complementarias se han llevado a cabo.

    ”Esperamos que a partir de ahora la Comisión de Investigación coja la velocidad que la gravedad del asunto requiere. Seguimos sin tener respuesta de las principales incógnitas que nos llevan a pensar en presuntas irregularidades en la contratación de una reforma de una Sala de Emergencias que arroja más sombras que luces”, señala Sales.

    Y reitera su convencimiento de que los castellonenses merecen respuestas, “saber a qué se destina su dinero”. Sales recuerda que a día de hoy hay una Sala de Emergencias de la policía Local que lleva costados un millón y medio de euros y no funciona como debería. “Todavía hoy no sabemos lo que se recepcionó aquel 17 de abril del 2017 porque las cámaras que en teoría deberían haber servido para grabar a los asaltantes de la azotea del Ayuntamiento en la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, ni siquiera estaban instaladas. Y para colmo la alcaldesa sigue gastando dinero en una Sala de Emergencias que desde 2017 incumple el objeto del contrato”, apunta.

    El concejal del PP recuerda que en 2017 se dijo que hacía falta sacar otro contrato además del de 600.000€ para el software o cerebro informático de la Sala, “cosa que en absoluto era cierto cuando se licitó en el primer contrato, para lo cual se contrató a una empresa con apariencia de ser fantasma (Alt 165), sin personal ni actividad económica conocida, ubicada en el mismo municipio, San Lorenzo del Escorial, que la empresa que acabó llevándose el contrato (Eurocop)”.

    Es entonces cuando se ejecuta un segundo contrato, el del software, que no estaba contemplado en el contrato inicial y que después ha sido objeto por dos veces de resoluciones contrarias a la acción del gobierno municipal en los tribunales de arbitraje contractual. En un principio se le adjudicó a la misma empresa que inicialmente se había llevado los 4 lotes del contrato inicial (Eurocop), aunque debido a un recurso, perdió uno de los lotes. Y este segundo contrato que también se le adjudicó, fue recurrido por otra empresa, que ganó el recurso en los tribunales; el Ayuntamiento decidió suspender entonces el concurso. Y finalmente y ante un nuevo recurso, se le ha tenido que adjudicar a una empresa diferente.

    Respuestas

    Según Sales todavía son muchas las preguntas en el aire que están sin responder. “Algún día este gobierno municipal de Amparo marco deberá aclarar por qué a día de hoy no hay una Sala de Emergencias unificada si tal y como señala el Informe de Necesidad que fue origen del contrato y que fue firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo, y por el Intendente Julián Sánchez, “se ha generado la necesidad de fusionar todas las salas en una (sala de coordinación de emergencias, la de bomberos, la de PLCS y la sala de gestión y control de tráfico) para dar una respuesta coordinada”.

    “Tampoco sabemos y esperamos que nos digan por qué las cámaras correspondientes al Lote 4 del contrato recepcionadas el 17 de abril de 2017 no estaban instaladas y en funcionamiento el 30 de septiembre durante el asalto a la azotea”, añade.

    Y lo más importante, dice, “¿Por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido? y lo que es más grave, ¿por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestaciones del mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017?”.

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