El grupo socialista pide la retirada de la escolta de Policía Local a Carlos Fabra

El grupo socialista de Castellón ha presentado una moción para que el pleno del Ayuntamiento de Castellón retire la escolta de Policía Local al concejal y presidente de la Diputación, Carlos Fabra. El portavoz del PSPV, Juan María Calles, considera que “el Ayuntamiento de Castellón tiene que dar un ejemplo de ética a la ciudadanía” y manifiesta que “es incomprensible que policías que podrían estar en labores de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia estén dando protección a un político acusado de graves delitos de corrupción”.

Calles recuerda que el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha considerado en un auto la existencia de “indicios racionales de criminalidad” en la actuación de Carlos Fabra Carreras por haber mediado ante el Gobierno central para favorecer a la empresa de un ex socio y a una mercantil de su mujer. A cambio habría recibido más de 400.000 euros. Además, un informe de la Agencia Tributaria revela que el dirigente del PP podría haber cometido cinco delitos fiscales, lo que representa un supuesto fraude de casi un millón de euros entre 1999 y 2004.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 15 años de prisión para Fabra por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y delito contra la Hacienda Pública. La petición de penas de la Fiscalía incluye también 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2,33 millones de euros. La acusación popular ha extendido la solicitud a 20 años de cárcel para el dirigente conservador.

Calles resalta que hay cargos políticos equivalentes al de Fabra en el ámbito de la Comunitat Valenciana que no cuentan con ningún tipo de servicio de escolta y recuerda, por otro lado, que “debe ser el Ministerio de Interior, y no el Ayuntamiento ni la Diputación, el organismo que vele por la vigilancia y protección de los dirigentes políticos si existe algún tipo de amenaza”.

El Ayuntamiento y la Diputación provincial firmaron en 1995 un convenio por el que agentes de la Policía Local de Castellón prestan servicio de escolta del concejal de Castellón y presidente de la Diputación, Carlos Fabra Carreras. La institución provincial paga los gastos por la protección del dirigente del PP. Los policías adscritos a la Diputación dejan de realizar servicios policiales ordinarios en Castellón y actúan de escoltas de Carlos Fabra Carreras tanto en la capital, donde tienen competencias para ejercer, como en el resto de la provincia y fuera de estos límites.

El portavoz socialista entiende que “en las actuales circunstancias procesales resulta inapropiado desde el punto de vista ético que se siga prestando protección personal a un concejal acusado de graves delitos y que se haga con recursos policiales que se detraen de los servicios de seguridad ciudadana y lucha contra el delito”. La propuesta del PSPV ha sido planteada en la Junta de Portavoces celebrada hoy, pero el PP y el Bloc han considerado que no era una cuestión “urgente”, por lo que será debatida en el pleno de septiembre.

MOCIONES Y DECLARACIONES
En el transcurso de la Junta de Portavoces, el PP y el Bloc han apoyado la declaración institucional socialista en la que se reivindica a la Generalitat la inclusión de una partida económica en los presupuestos de la Generalitat para afrontar la construcción del Centre de Convencions, al mismo tiempo que se reclama un calendario de ejecución de las obras en el que conste la fecha de finalización de la infraestructura diseñada por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

El pleno también aprobará una proposición socialista para impulsar una campaña municipal de lucha contra la pobreza, en colaboración con la Organización de Naciones Unidas, y debatirá dos mociones del PSPV en las que se reivindica la gratuidad de las escuelas infantiles y la no aplicación de la revisión del IPC en los impuestos y tasas que cobrará el Ayuntamiento de Castellón en 2011.

El PP ha rechazado otras tres declaraciones institucionales del PSPV. Una de ellas exigía a la Generalitat que pague el cheque bebé a las familias de los niños y niñas nacidos desde 2007, como prometió Francisco Camps, que sólo en la ciudad de Castellón representa una cantidad de 24 millones de euros. Tampoco se podrá debatir una iniciativa para pedirle a la Conselleria de Educación que no suprima el grado medio de Formación Profesional en cerámica que se imparte en el IES Caminàs, ni la que solicitaba a la Conselleria de Sanidad que construya un centro de día en las instalaciones que ahora están sin ocupación en la Caja de Reclutas.