El PP exige que la Comisión de Investigación sobre presuntas irregularidades en la Sala de Emergencias tenga la misma transparencia que las dos comisiones de investigación anteriores

La Comisión de Investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local, ha hado un paso más al concretar, con aportaciones de los distintos grupos políticos, el protocolo que debe regir el desarrollo de las comparecencias y demás medios de prueba, un protocolo que será aprobado en la próxima sesión a fin de empezar a citar a los testigos.

 
En el desarrollo de la misma y ante el intento del PSOE de cambiar las reglas del juego a la hora de dar difusión a la comisión a través de los medios de comunicación, el concejal representante del Grupo Municipal Popular en la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias, Vicent Sales, ha exigido que se le dé la misma publicidad y transparencia a esta comisión que la que se dio a las dos comisiones anteriores que han tenido lugar en el Ayuntamiento.  
 
“Ahora que lo que se investiga es si hubo irregularidades en la adjudicación de la reforma que hizo el gobierno socialista en una Sala de Emergencias de la Policía Local que lleva costados a todos los castellonenses 1,5 millones de euros, sin que haya unificado servicios de Policía Local, Bomberos y Control de Tráfico como exigía el contrato, y sigue sin funcionar como debería, resulta que el PSOE pone inconvenientes en que la prensa pueda grabar audio, imágenes o vídeo de las sesiones, como así se acordó desde el inicio de la misma”, explica Vicent Sales.
 

En este sentido, el concejal Popular insiste en que “los castellonenses tienen derecho a conocer cómo se desarrollan las sesiones y para eso se acordó la presencia, debidamente acreditada, de los medios de comunicación que tienen interés en cubrirla. A estas alturas de la comisión no se pueden cambiar las reglas del juego. Las comisiones son públicas y así debe seguir siendo respetando el acuerdo inicial entre todos los grupos políticos que la conforman”.

Por otra parte, Sales ha destacado que en la sesión de hoy “hemos dado un paso más al concretar el protocolo de actuación de cara a la comparecencia de los testigos, a fin de empezar a citar a los comparecientes”. 

Se ha acordado que la documentación del expediente objeto de la investigación esté físicamente en la sesión, a disposición del compareciente, por si éste, en algún momento de su declaración precisara consultarla. Y en relación a los acompañantes de los testigos, no serán necesarios en el caso de los testigos que son cargos públicos pero sí podrán llevar acompañante quienes no ostenten ningún cargo público.

Cabe recordar que el Ayuntamiento encargó las bases del contrato de reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local a una empresa con sede en El Escorial, sin indicio de actividad y, posteriormente, se ha sabido que la compañía que ganó el concurso también tiene la sede en el mismo municipio madrileño de El Escorial.

El Grupo Municipal Popular ha presentado una relación de 22 testigos que deberán ser llamados a declarar para arrojar luz sobre el proceso de adjudicación que se hizo. La alcaldesa Amparo Marco consta en el listado que también  recoge otros nombres de cargos públicos como el exconcejal de Policía, Omar Braina, y el actual concejal del área, David Donate; el que fuera concejal de Ordenación, Territorio, Patrimonio y Contratación en el momento de la adjudicación de la sala de la Policía Local, Rafa Simó; el concejal de Movilidad, Jorge Ribes y también el que fuera 2º Teniente de Alcalde, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco en aquel momento.    

Además, los Populares solicitan la realización de pruebas periciales que certifiquen que el equipamiento de dicha sala y los servicios que presta en materia de seguridad y emergencias se correspondían, en el momento en que fue recepcionada, con el pliego de prescripciones técnicas fijadas en el objeto del contrato. Del mismo modo, proponen la realización de prueba pericial que certifique desde su recepción hasta hoy cuantas inversiones y actuaciones complementarias se han llevado a cabo.

“Todavía hoy no sabemos lo que se recepcionó aquel 17 de abril del 2017 porque las cámaras que en teoría deberían haber servido para grabar a los asaltantes de la azotea del Ayuntamiento en la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, ni siquiera estaban instaladas. Y para colmo la alcaldesa sigue gastando dinero en una Sala de Emergencias que desde 2017 incumple el objeto del contrato”, recuerda el edil del PP.

Siguiendo la cronología en 2017 se dijo que hacía falta sacar otro contrato además del de 600.000€ para el software o cerebro informático de la Sala, “cosa que en absoluto era cierto cuando se licitó en el primer contrato, para lo cual se contrató a una empresa con apariencia de ser fantasma (Alt 165), sin personal ni actividad económica conocida, ubicada en el mismo municipio, San Lorenzo del Escorial, que la empresa que acabó llevándose el contrato (Eurocop)”, añade.

Es entonces cuando se ejecuta un segundo contrato, el del software, que no estaba contemplado en el contrato inicial y que después ha sido objeto por dos veces de resoluciones contrarias a la acción del gobierno municipal en los tribunales de arbitraje contractual. En un principio se le adjudicó a la misma empresa que inicialmente se había llevado los 4 lotes del contrato inicial (Eurocop), aunque debido a un recurso, perdió uno de los lotes. Y este segundo contrato que también se le adjudicó, fue recurrido por otra empresa, que ganó el recurso en los tribunales; el Ayuntamiento decidió suspender entonces el concurso. Y finalmente y ante un nuevo recurso, se le ha tenido que adjudicar a una empresa diferente.

Llegados a este punto la Comisión deberá esclarecer por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido y lo que es más grave, por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestaciones del mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017’.