El Defensor del Pueblo incluirá en su informe anual al Parlamento el "maltrato institucional del PP al Grupo Socialista"

El Defensor del Pueblo incluirá en su informe anual a las Cortes Generales el “trato desigual”que el equipo de gobierno de Castellón, del Partido Popular otorga al grupo municipal socialista. El Adjunto Segundo del Defensor, Manuel Ángel Aguilar Belda, ha dado por resuelta la queja planteada por el portavoz del PSPV, Juan María Calles, en la que denunciaba el maltrato institucional que el alcalde, Alberto Fabra, confiere al principal grupo de la oposición.

El dictamen del alto comisionado del Parlamento para la defensa de derechos fundamentales es concluyente sobre el reparto de los recursos públicos: “La asignación de despachos o locales a los grupos políticos municipales, así como la dotación de los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento de su función, ha de hacerse aplicando el principio de proporcionalidad, según el número de representantes de cada grupo”.

Una circunstancia que el PP de Castellón incumple de manera “flagrante”, según Calles. “Los conservadores de Castellón mandan, pero no gobiernan. Creen que gestionar el poder que les han otorgado los ciudadanos en las urnas es imponer su mayoría como un rodillo y administrar el presupuesto municipal como si fuera la cuenta corriente del PP”, agrega.

Calles se congratula de que la denuncia socialista haya sido respaldada por el Defensor. La queja será incluida dentro del apartado destinado a reflejar las conductas que pudieran atentar contra los derechos de los miembros de las corporaciones locales y, por tanto, contra el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes.

En opinión del Defensor, “el trato desigual resultaría discriminatorio y supondría un incumplimiento de lo dispuesto al efecto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si no existiese una justificación suficiente de tal proceder”.

En ese sentido, el PP sólo ha alegado ante el Defensor la falta de espacio para negar a la oposición más recursos. El grupo socialista, sin embargo, explicó al Defensor que “la falta de espacio que arguye el PP no se ajusta a la verdad, dado que los concejales del equipo de gobierno cuentan con modernas y renovadas dependencias y que el vicealcalde, Javier Moliner, acaba de construirse un superdespacho en la cuarta planta del Ayuntamiento”.

Por otro lado, el Defensor señala que la queja por la marginación salarial a los concejales socialistas y la negativa a conceder dedicaciones exclusivas no supone una “infracción legal”, pero deja constancia igualmente de la “dificultad añadida” que supone para la asistencia a las comisiones informativas y a los plenos, convocados siempre en horario matinal, cuando los ediles del PSPV tienen que atender sus respectivos trabajos.

El informe del Defensor del Pueblo destaca la influencia que el reparto de recursos tiene sobre el trabajo político y apunta que es “una fuente de conflictos en muchos ayuntamientos por el trato que se suele dar a los grupos de la oposición, que, indudablemente, tiene influencia en la mayor o menor facilidad del ejercicio de las funciones de los representantes locales, especialmente de los grupos minoritarios”.