Carrasco: “El Plan General de Amparo Marco le va a costar a los castellonenses muchos millones de euros por los pleitos con los vecinos”

La portavoz del Grupo Municipal Popular y candidata a la alcaldía de los Populares al Ayuntamiento de Castellón vaticina que “el Plan General de Ordenación Urbana de Amparo Marco le va a costar a los castellonenses muchos millones de euros por los pleitos que va a abrir con los vecinos”.

Así lo ha asegurado, después de que PSPV, Compromís y Castelló en Moviment aprobaran “en solitario, a tres semanas de las elecciones municipales y de espaldas a los vecinos un documento que marcará el modelo de ciudad de los próximos 20 años, sin dar opción a que la decisión de los castellonenses en las urnas el próximo 26 de mayo se pronuncien al respecto”. Por este motivo, “y si los castellonenses me dan su confianza el próximo 26 de mayo, me comprometo a estudiar y aceptar algunas de las alegaciones que han presentado los vecinos, con el fin de atender sus derechos y que no suponga un freno al progreso de Castellón”.

Para Carrasco, la alcaldesa del bipartito, Amparo Marco, “debería explicar a todos los castellonenses que el documento contempla una gran desclasificación del suelo, un extremo que llevará a que los miles de vecinos afectados defiendan sus legítimos derechos en los tribunales, lo que se traducirá en una responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento, es decir, en un dinero que va a tener que pagar el consistorio y que saldrá del bolsillo de todos los residentes en la ciudad”.

Begoña Carrasco insiste en calificar de “atraco” a los castellonenses la decisión de llevar “una cuestión tan trascendental como esta a un pleno extraordinario, dos días después de unas elecciones y en puertas de unas municipales. Un gesto político que evidencia la falta de respeto a los valores de la democracia y la pluralidad. Y más cuando el contenido de dicho documento ya se había pactado y consensuado políticamente en un acuerdo a tres bandas en un despacho que el Pacte del Grau se ha encargado de publicitar hasta la saciedad en los medios”. Es decir, “el debate del salón de plenos iba a limitarse a un paripé, puesto que la decisión estaba tomada de antemano ni tampoco se nos ha dejado opinar o participar en el diseño de la ciudad que queremos para todos los castellonenses, una decisión que ha de ser conjunta y colectiva, y no en un despacho”, ha añadido.

“El mismo día que se aprueba la composición de las mesas electorales, Amparo Marco cuela el Plan General en un pleno, sin contestar las alegaciones de los vecinos y sin tener en cuenta documentos que ponen en serio riesgo la viabilidad del documento y, con él, el Ayuntamiento de Castellón”, ha señalado.

Así, Begoña Carrasco se ha referido al hecho de que existen informes de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana que defienden la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico del conjunto de los ‘masets’ de Crèmor, por su valor cultural e histórico. “En su lugar, la alcaldesa Amparo Marco se empeña en aprobar un Plan General que propone la apertura de avenidas de hasta 20 metros y torres de pisos de más de 10 alturas y arrasa con las especies arbóreas centenarias que hay en la zona”, denuncia, “mientras sigue sin conectar el barrio con el Raval Universitari”.

Por otro lado, la candidata a la alcaldía de los Populares advierte de que la misma situación se da en la Marjaleria, donde “áreas que antes estaban clasificadas como urbanizables han pasado a ser agrarias y protegidas, y viceversa, sin tener en cuenta los derechos adquiridos de sus propietarios, ni tampoco especificarse las mejoras a desarrollar para los más de 15.000 castellonenses que allí residen”.

Y por último, “el Plan General de Ordenación Urbana de Amparo Marco, además de generar mil y un conflictos urbanísticos por los cambios en las volumetrías en las áreas urbanas ya consolidadas de la ciudad, con el perjuicio para los propietarios que conllevará, también cambia la calificación del suelo en el que se asientan múltiples empresas de la ciudad, una situación que solo servirá para generar inseguridad jurídica a los inversores y, por tanto, va en detrimento del empleo, además de recortar en un 70% el suelo industrial”.