Carrasco: “El gobierno municipal se niega a apagar las cámaras del centro, prefiere seguir friendo a multas a los castellonenses”

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha solicitado en el Pleno la anulación del sistema de control de acceso de vehículos al centro mediante cámaras, con un único fin recaudatorio (con multas de 200 euros), hasta que pase la pandemia. De esta manera Carrasco ha dado voz a una mayoría de colectivos de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios, personas con movilidad reducida o residentes en la zona centro, entre otros, que piden apagar las cámaras de inmediato, “no es el momento en plena pandemia de freír a multas a los que necesitan acceder con sus vehículos al casco histórico. Con la difícil situación económica que atraviesan, el sistema de las cámaras va ser la puntilla final para multitud de negocios”. 

Pese al clamor popular, “la alcaldesa socialista Amparo Marco y sus socios de gobierno Compromís y Unidas Podemos, han dicho ‘no’”, lamenta Carrasco. Y añade: “Prefiere mantener un sistema que, a diferencia de las anteriores pilonas hidráulicas, se ha convertido en una enorme caja registradora que fríe a multas a quienes transitan por la zona acotada sin autorización y no porque se nieguen a solicitar dicha autorización, sino porque el Ayuntamiento está tan colapsado que los permisos no llegan pero las multas sí. La gran diferencia es que con las pilonas se controlaba igual el tráfico pero no se multaba”.

Carrasco ha destacado las más de 3.000 firmas que llevan recogidas los comercios en contra de un sistema, “que nos parece un abuso, que se ha implantado con nocturnidad, alevosía y premeditación, sin contar con nadie y lo que es peor sin informar previamente a nadie”. Por otro lado, la portavoz del PP lamenta que la alcaldesa solo entienda el lenguaje de las cacerolas y de los pitos porque “sólo cuando ha sabido que hay una movilización del comercio convocada para el lunes, les han concedido la reunión que llevaban esperando un mes”, ha apuntado.

“El gobierno de Amparo Marco sigue tan enfrascado en sus disputas internas con Compromís y Podemos que los problemas de los castellonenses no les importan. Una nueva muestra del Desacord de Fadrell la hemos visto con la propuesta de Podemos de municipalizar el servicio de agua potable, a la que nos hemos opuesto porque pensamos que remunicipalizar el servicio encarecería su precio, además de generar más problemas a los castellonenses. Si de verdad están por ayudar a los castellonenses, que bajen los impuestos, que aprueben el presupuesto de 2021 y que creen las condiciones adecuadas para que las empresas, pymes y autónomos puedan crear empleo”, añade.

Por su parte, la concejala popular María España ha afeado al gobierno municipal de izquierdas que con llene la boca hablando del comercio justo con una moción que, “no era necesario llevar al pleno porque tienen la mayoría suficiente para emprender acciones en ese sentido y no necesitaban a nadie más, nos abstenido en la votación no por el fondo que por supuesto compartimos, pero sí por las formas”, explica.

“El equipo de gobierno sigue viviendo en su burbuja sin conocer los problemas reales de las pymes y autónomos, con cada vez más carteles de ‘se alquila’, ‘se vende’ o ‘se traspasa’ en locales comerciales. Por supuesto es importante el comercio justo pero no con mociones de cara a la galería, porque a la hora de la verdad no se aplican lo que pregonan”, señala María España.

Y añade: “Justo es dar prioridad a miles de familias que dependen de ayudas directas a pequeñas y medianas empresas que no llegan; justo es bajar los impuestos y no cobrar tasas si no hay actividad pero las prioridades del gobierno son otras, como aumentarse el sueldo un 50%, destinar más de 500.000 euros a reformarse los despachos del Ayuntamiento o remodelar la Avenida de Lidón cuando nadie lo quiere. El Partido Popular estará al lado del gobierno municipal a la hora de buscar soluciones, propuestas reales sí, artificiosas no”. 

Reforma Avda. del Lledó

Respecto a la reforma de la Avenida del Lledó que el equipo de gobierno acometerá con 3,3 millones de euros sin que nadie lo haya pedido y con un rechazo mayoritario de vecinos y negocios de la zona, la portavoz Popular ha preguntado a la alcaldesa si éste es el modelo de participación ciudadana que quiere para Castellón y si va a seguir adelante a pesar del rechazo vecinal. “Esta remodelación, que los vecinos tildan de gasto inútil, innecesario, con reuniones de pantomima desmontan la afirmación de la alcaldesa de que el proyecto recoge el 90% de las aportaciones vecinales. Hasta 120 opiniones de los castellonenses que expresan rabia e impotencia porque el equipo de gobierno a la hora de la verdad hace lo que quiere sin contar con los vecinos. Una muestra evidente de la ‘no’ escucha ciudadana”, afirma Carrasco.

Modificación crédito

En relación a la modificación de crédito para formalizar el procedimiento de contratación de remodelación del Camí la Ratlla, el concejal Popular, Juan Carlos Redondo, ha afeado al equipo de gobierno municipal que ésta responde a su “ineptitud en la gestión económica y a su falta de previsión”. “Por no tener aprobados los presupuestos municipales a estas alturas del año, por sus disputas internas, el equipo de gobierno de izquierdas ha tendido que reunir 690.000 euros a costa de quitárselo a 13 proyectos presupuestados y prometidos a la ciudadanía, entre los que se encuentra una partida de 100.000 euros destinada a la regeneración de playas o los 75.000 euros de la reforma del Mercado Central y así hasta 13 actuaciones que se han eliminado de un plumazo por su irresponsabilidad al anteponer sus intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos de Castellón”, ha señalado.

Baja Fórum Seguridad

A la solicitud de baja del Ayuntamiento de Castellón como miembro del Fórum Español para la Prevención y Seguridad Urbana, el concejal Popular Vicent Sales ha reprochado al equipo de gobierno por qué en 2018, con el Coordinador General del Área de Seguridad Pública, José Luis Carque, y con concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Lorenzo, era beneficioso y ahora no.  “En febrero nos enteramos que en los últimos años no ha habido participación activa del Ayuntamiento. No dudamos que haya habido beneficios, lo que no tenemos claro es para quién. Este expediente no hace sino ratificarnos en lo bien que hicimos en solicitar una Comisión de Investigación sobre los Contratos de la Policía Local, porque bajo el mandato de la señora Marco se ha utilizado el dinero de los castellonenses no se sabe muy bien para qué. Las sombras de sospecha siguen sobrevolando la gestión de este gobierno municipal en el área de Seguridad”, concluye.